No son Amancio Ortega, el fundador de Inditex, que se puede permitir el lujo de ir comprando en efectivo edificios por 400 o 500 millones de euros, pero las familias catalanas Carbó, Botet y Elías, en menor medida, también pueden alardear de tener liquidez suficiente para llegar y pagar al contado 13,5 millones de euros para comprar un palacete en pleno paseo de la Castellana de Madrid, el doble del precio de licitación fijado por el Estado en la subasta llevada a cabo por la sociedad Segipsa.
Caboel, el acrónimo de los apellidos de las tres familias catalanas, es el `family office’que ha resultado adjudicatario de este puja, en una operación más de las que desde hace ocho años vienen llevando a cabo tras recibir los 1.300 millones de euros que les pagó Eroski por la cadena de supermercados Caprabo.
Aquella jugada les salió redonda, ya que vendieron la marca, pero no la propiedad de unos 100 locales que ocupan los supermercados, con los que han ido obteniendo las pertinentes rentas recurrentes o, como sucedió el pasado verano , vender un tercio de ellos a la socimi Merlin por un precio de 96,5 millones de euros, parte de los cuales han servido para comprar ahora el palacete de Castellana.
De esa manera, Caboel, que había sido creada en 1986 con el objetivo de optimizar la gestión inmobiliaria de su cadena de supermercados, se encontró en 2007 con un centenar de locales, en Cataluña, Madrid y Baleares, además de otros activos logísticos, que le reportaban rentas anuales de unos 30 millones de euros, y cerca de 70 millones de euros en efectivo correspondientes al 5% del capital que ates.
Tras mantenerse a la expectativa de la evolución del mercado, en pleno estallido de la burbuja, en 2009, como hicieron otras sociedades familiares con abundante liquidez, Caboel se convirtió en una de las más activas, comprando ese año activos terciarios en Barcelona a Catalunya Caixa por unos 100 millones de euros. Entre ellos, una treintena de sucursales, un edificio en el paseo de Gracia y una residencia de ancianos.
Ahora, con la compra del palacete de Castellana pone el pie como propietario en una de las principales arteras de España, con un edificio señorial que admite múltiples usos compatibles y autorizables.
