La crisis sigue haciendo estragos, y los efectos colaterales cada vez son mayores. Cuando muchas familias ven cómo los ingresos apenas llegan para comer, el impago de los gastos corrientes se hace inevitable, sobre todo cuando estos no paran de aumentar. Y las empresas eléctricas empiezan a sentir esos efectos de una manera evidente, con morosidad creciente en el pago de las facturas.
Muchas se pagan fuera de plazo tras la devolución del recibo por parte de las entidades financieras, llevando su pago al límite de plazo prorrogado para evitar el corte del suministro. Hasta hace un tiempo, esta advertencia servía para que los clientes obtuvieran el dinero de donde fuera y acabaran pagando. Pero, de un tiempo a esta parte, ni esta vía está siendo capaz de cerrar una brecha imparable, la que lleva a la mayoría de las comercializadoras a reconocer una morosidad superior al 5%.
Como tampoco es cuestión de cortar el suministro de manera generalizada, las empresas se han adentrado en otra alternativa para superar el engorro que supone la incidencia, cada vez más elevada, de impagos de los recibos.
Alternativas que pasan por acometer planes de pagos flexibles para los clientes en una situación económica claramente desfavorable, la que pasaría por la no existencia de ingresos laborales y la finalización de la prestación por desempleo, además de contar la unidad familiar con hijos dependientes. Negociar una cantidad mensual a pagar y diferir el pago restante en recibos sucesivos. Al final, si no hay dinero, ni difiriendo el pago se puede solventar el problema. Pero, al menos, se evita el corte del suministro por un tiempo.
El recibo de la luz subió un 3,1% el pasado 1 de octubre, lo que supone el tercer aumento en cuatro meses y el cuarto del año. En las revisiones de este año, el Gobierno no ha modificado la parte regulada, por lo que fueron las subastas, que afectan a cerca de 20 millones de hogares españoles y pymes, las que determinaron el precio. La media anual significa un encarecimiento por encima del 3,5%: en enero subió un 3%; en abril, descendió un 6,62%, y en julio, subió un 1,2%. En agosto, como consecuencia de la reforma eléctrica, se encareció un 3,2%.
Además, la morosidad no se limita a las familias. Son ya cerca de 500 millones de euros los que las Administraciones Públicas, sobre todo ayuntamientos, diputaciones y autonomías, adeudan a las empresas eléctricas por el impago de los recibos. En este caso, ya se ha llegado al caso de que, ante el volumen acumulado, se ha cortado el suministro.
