La inmobiliaria Reyal Urbis ni sale del concurso de acreedores ni entra en liquidación. Se encuentra en una especie de limbo jurídico desde que el pasado 16 de noviembre de 2015 el juzgado Mercantil 6 de Madrid, desestimara el recurso de aclaración que, tanto la empresa como un acreedor financiero del crédito sindicado, presentaron contra la inadmisión a trámite de la propuesta de convenio de acreedores presentada.
A partir de aquí, la promotora presidida por Rafael Santamaría solicitaba a la Audiencia Provincial de Madrid la suspensión de los efectos que se deriven del auto de desestimación, mediante un recurso de apelación presentado el 4 de diciembre de 2015. Hasta el pasado 14 de junio no fue admitido a trámite por la Audiencia, por lo que tardará todavía varios meses en deslindarse.
Mientras tanto, la inmobiliaria sigue presentando sus cuentas cada trimestre ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así lo ha hecho con las correspondientes al cierre del primer semestre de 2016, para reconocer que las pérdidas, de 76,5 millones de euros, eran un 10% inferiores a las registradas un año antes.
Llegaba a este resultado tras facturar apenas 24 millones de euros, un 60% menos, provocado por la caída, en ese mismo porcentaje, del negocio de promoción residencial, por el que apenas pudo ingresar un millón de euros.
Ventas realizadas en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con entidades financieras en relación a las condiciones de financiación de determinadas promociones, que supusieron para la inmobiliaria unas pérdidas de 259.000 euros, si bien, en el marco de varias de estas operaciones, las entidades financieras, han condonado deuda por importe de 567.000 euros, por lo que el margen ajustado asociado a estas ventas de promociones fue de 308.000 euros de beneficio.
Adicionalmente, se registraron operaciones de ventas de terrenos y solares por importe de 6,7 millones de euros y de ventas de inmovilizado (patrimonio en explotación y uso propio) por 339.000 de euros. Y otros 3,2 millones de ingresos por rentas y 13 más por la actividad hotelera.
El gasto financiero neto ascendió a 74 millones de euros, un 12,12% más, por la disminución en las condonaciones de deuda registradas por la venta de terrenos y la entrega de llaves de determinados inmuebles terminados tras acuerdos con las entidades financieras.
