March Rich, el magnate judío con nacionalidad española, falleció en Suiza el pasado 26 de junio, y justo un mes después, el 26 de julio, el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid declaraba en concurso, con carácter de voluntario ordinario de especial trascendencia, al deudor Andria, su filial inmobiliaria con la que ha promovido unas 1.000 viviendas desde que su constitución en 1999, justo cuando se vislumbraban en el horizonte los incipientes síntomas de lo que después se convirtió en la expansión ilimitada de la burbuja inmobiliaria.
En el auto judicial, publicado en el BOE el pasado 14 de agosto, se nombraba administrador concursal a la sociedad Lexaudit, y se acordaba el régimen de intervención de las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor. Además de las facultades legalmente previstas, deberá prestar su autorización o conformidad a los actos de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor realice éste, en los términos del artículo 40 de la Ley Concursal.
Los acreedores tienen de plazo hasta el día 16 de septiembre, para que comuniquen, en la forma establecida en el artículo 85 de la Ley Concursal, la existencia de sus créditos. A falta del análisis final de las deudas presentadas, Andria tendría unos activos de 170 millones de euros y un pasivo de 150 millones.
Se trata del tercer socio que cae en desgracia de RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales, tras los procedimientos concursales en los se vieron envueltos Martinsa-Fadesa y Vemusa, los otros dos partícipes que quisieron hacer el negocio de su vida con la venta del estadio Vicente Calderón y que se salieron trasquilados.
La venta del Vicente Calderón se puso en marcha en 2005 tras el fallecimiento de Jesús Gil y Gil. No por iniciativa del Atlético de Madrid, sino a instancias de estas inmobiliarias que estaban detrás de RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales.
RTM fue constituida en abril de 2004, dos meses antes de que el Atlético de Madrid traspasara el estadio (valorado en 226,18 millones de euros) a División Inmobiliaria del Club Atlético de Madrid. El nexo entre las promotoras y el club, el secretario de la promotora Andria y del Atlético, el abogado Pablo Jiménez de Parga. A la postre, también secretario de RTM.
La razón de que los accionistas mayoritarios del club, la familia Gil y Enrique Cerezo, constituyeran esa sociedad mes y medio después de fallecer Jesús Gil y Gil no era otra que la de obtener ingresos a cuenta de la futura venta del estadio.
Así se hizo. Fueron 33,9 millones de euros al otorgar un 10% de División Inmobiliaria a RTM por el mismo porcentaje de los futuros derechos urbanísticos y una opción de compra por los restantes, y un 5% más a Caja Madrid por un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación del ámbito.
Tras los problemas concursales de Martinsa-Fadesa, el Atlético de Madrid transfirió los derechos a la constructora FCC para que construya el nuevo estadio, derribe el Calderón y sufrague el coste que le corresponde por soterrar la M-30. Y en esas está. Ahora, por lo que parece, y tras el revés olímpico, se ha producido un nuevo retraso, el enésimo, y no sería hasta 2017 cuando el Atlético tendría ya La Peineta como su nuevo estadio.
