Valencia. La directora general de Vivienda y Proyectos Urbanos, Mª Jesús Rodríguez, ha asistido en Madrid a la Conferencia Sectorial de Vivienda para certificar que «el Ministerio sigue cerrado en banda para aplicar las nuevas medidas que ha ido anunciando desde la Multilateral de la pasada semana. Estas medidas, en la actual situación y con un plan de vivienda vigente y ratificado con todas las autonomías, sólo pueden ser consideradas como incoherentes y certifican el nulo respaldo del Gobierno Central al sector de la construcción y a los ciudadanos afectados de lleno por la crisis».
Mª Jesús Rodríguez ha asegurado que «todas las autonomías coincidimos en criticar esta decisión unilateral del Ministerio que de ejecutarse provocará la revocación de todos los acuerdos alcanzados y firmados con cada una de las autonomías para ejecutar el actual Plan de Vivienda de Estatal, situación que jamás se había conocido y que demuestra la falta de rigor y coherencia que el Gobierno Zapatero viene aplicando en todas las áreas de su política, y que en el sector de la construcción y de las ayudas al acceso de la vivienda para el ciudadano suponen un rejón de muerte para la reactivación del sector y que perjudica notablemente a las familias con mayores necesidades económicas».
«Si ya era absurda la poca flexibilidad del actual Plan Estatal, que hemos criticado desde el Gobierno Valenciano desde su puesta en marcha, más absurdo todavía resulta eliminar las ayudas por reserva de eficacia, las ayudas directas a la entrada o la rebaja en un 40% de las ayudas al promotor de vivienda en alquiler, porque todo ello no hace sino paralizar la actividad del sector, rebajar expectativas de recuperación económica y sobre todo dificultar el acceso a la vivienda para las familias más humildes y para los jóvenes que buscan su primera vivienda», ha explicado la directora.
Falta total de diálogo
La directora general de Vivienda ha ratificado que «la postura del Ministerio es completamente dictatorial, ya que no ha tenido el más mínimo diálogo con las autonomías. Se nos pide hoy desde el Gobierno Central una comprensión y flexibilidad que el Ministerio nos ha negado a todas las autonomías en un tema tan serio e importante que afectará a miles de familias en cada región, a cientos de empresas promotoras y constructoras y que recorta millones de euros de unas actuaciones y objetivos que estaban pactados desde hace años entre el propio Ministerio y cada una de las autonomías».
«Espero que sea la propia Ministra la que explique ahora a los ciudadanos que tienen una vivienda protegida de nueva construcción reservada que se van a quedar sin ayudas directas a la compra, con todo lo que ello supone de riesgo financiero y esfuerzo económico para cada una de estas familias», ha aseverado la directora.
Unanimidad en las críticas
«Lo que sí ha conseguido el Ministerio de Vivienda es obtener unanimidad en las críticas que ha recibido por parte de todas las Comunidades Autónomas, estén gobernadas por el partido político que sea. Y es que no se puede adoptar una serie de medidas Tan importantes de manera unilateral sin tener en cuenta para nada al resto de administraciones que participamos activamente en el Plan de Vivienda. Salvo Baleares, que ha mostrado su conformidad, todo el resto de autonomías han criticado sin reservas los anuncios del Ministerio» ha explicado la directora.
Mª Jesús Rodríguez ha destacado también que «el panorama que se presenta a partir de ahora va a provocar una reducción notable en el número de nuevas calificaciones de vivienda protegida, una disminución de las promociones nuevas en alquiler y por supuesto una reducción drástica de las urbanizaciones de suelo destinadas a nuevas viviendas protegidas, con todo lo que ello va a suponer de freno para la generación de empleo, de riqueza y de acceso a la vivienda».
Por último, Mª Jesús Rodríguez también ha recordado que se van a eliminar las subvenciones a las comunidades autónomas para la gestión de las ventanillas únicas de información sobre vivienda. «Los dos próximos años no contaremos con la aportación estatal y aún no sabemos cuándo se abonará la cantidad acordada para este año 2010. El Ministerio adeuda a la Comunitat 2’4 millones de euros y se nos ha informado que se pagará parte de ello. Primero nos involucran y en agosto nos dicen que no nos van a dar lo acordado».
