El 80% del fraude eléctrico en España en 2015 fue causado por empresas de diversos sectores industriales y de servicios -los que tienen altos niveles de consumo-, y del 20% restante, más del 80% fue debido a particulares que tienen elevados niveles de consumo, según los datos recabados por Endesa.
De acuerdo con las estimaciones de la compañía, y teniendo en cuenta a título de referencia el número de familias que están actualmente acogidas al bono social, puede estimarse que, en contra de lo que muchas veces se piensa, menos del 1% del fraude eléctrico cometido en España se debe a enganches ilegales efectuados por familias de bajos ingresos.
La conclusión parece clara. El fraude es, por encima de todo, un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el fraude eléctrico supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles en el año 2015.
En términos físicos, este fraude ascendió, según estimaciones de Endesa, a 3,5 TWh, es decir, una cantidad equivalente al consumo eléctrico anual de la ciudad de Sevilla y de toda su área metropolitana.
Además, en el caso del sector empresarial, las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores, porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios, y encarecer al mismo tiempo los de esos competidores, realizando así una maniobra que, además de ilícita, supone una clara competencia desleal.
Por otro lado, el fraude eléctrico no supone solo una carga económica para las empresas y los ciudadanos que pagan sus facturas y una operación de competencia desleal, sino también un problema grave para la seguridad y la salud de las personas que conviven o están próximas al defraudador.
Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.
Una manipulación del contador o de la conexión puede causar electrocución, incendios e, incluso, la muerte de las personas que la llevan a cabo físicamente; y producir accidentes de la misma índole a quienes vivan cerca o entren en contacto con esa instalación. Asimismo, puede tener importantes consecuencias legales sobre el infractor.
Recientemente, un empresario ha sido condenado a una pena de dos años y cuatro meses de cárcel, al pago de una multa de 200.000 euros y a tres años y medio de inhabilitación como consecuencia de la muerte por electrocución de uno de sus trabajadores mientras este realizaba una manipulación fraudulenta en el suministro eléctrico.
