Miembros del Partido Socialista en Madrid y los responsables de la Asociación de Vecinos de Valdebebas se reunieron la pasada semana, a instancias de la asociación, para sondear la posibilidad de que el PSOE retirase el recurso presentado contra la aprobación exprés del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 2013.
La respuesta fue rotunda. “Tras la reunión mantenida con el PSOE del Ayuntamiento de Madrid, os informamos que NO van a retirar el recurso que han presentado frente al PGOU de 2013 bajo ningún concepto”. Así resumía la asociación, en su página web, el resultado de la reunión.
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid presentó el recurso contra la posterior aprobación definitiva de la revisión parcial del PGOU del 85 y la modificación del 97 realizada en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 1 de agosto de 2013, por entender que nuevamente había defectos de forma en la tramitación para la desprotección de dichos terrenos y que, además, no había justificación alguna en dicha desprotección medioambiental pese a que en muchos de ellos ya había iniciadas obras de urbanización y los suelos habían sido adquiridos por cooperativas y sujetos a juntas de compensación.
Igualmente, señalaban en el recurso que la intención del Ayuntamiento de Madrid es torcer la voluntad del Tribunal Supremo, y no tanto solucionar el problema a las miles de familias cuyas futuras viviendas pueden volver a declararse ilegales.
Ante esta negativa, “en los próximos días, dada la importancia del asunto, publicaremos una extensa nota con toda la información de la reunión, las consecuencias que puede implicar para nuestro Barrio dicho recurso y que acciones va llevar a cabo”, comentan desde la Asociación, tratando de mostrar tranquilidad. “Los vecinos pueden estar tranquilos, ya que todavía tenemos tiempo de actuar ya que la Sentencia definitiva resolviendo el recurso no llegará antes de 5 o 6 años, y hasta entonces no desplegaría sus efectos, en el caso de que fuera estimado”, apuntan.
El origen del problema está en el método utilizado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, para desproteger algunos terrenos que habían sido valorados medioambientalmente en el anterior PGOU de 1985. Dicha desprotección fue denunciada por el Partido Socialista y Ecologistas en Acción y, en 2007, el Tribunal Supremo la declaró nula.
Posteriormente, el equipo de Gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón realizó dos modificaciones con la intención de subsanar los errores formales de la desprotección y, de nuevo, el Alto Tribunal rechazó la forma y bloqueó, en septiembre de 2012, los desarrollos urbanísticos en 21 ámbitos de la ciudad.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, buscó una solución rápida, eficaz y sujeta a derecho para resolver el futuro de las 10.000 familias afectadas directamente y de hasta 135.000 viviendas potenciales que, en algunos casos como en Valdebebas, estaban a punto de obtener la Licencia de Primera Ocupación de sus viviendas. Se optó por el método más largo pero más seguro jurídicamente: la revisión parcial del PGOU del 85 y la modificación del Plan General de 1997, realizando todos y cada uno de los trámites necesarios para llevarlas a cabo.
La oposición municipal se declaró en contra, alegando que no había tiempo material para estudiar todos los recursos y, pese a que el PSOE e IU presentaron 42 alegaciones, de las cuales 9 fueron admitidas totalmente y otras diez de forma parcial, tanto éstos como UPyD optaron por votar en contra del trámite y renunciar a su turno de palabra en la aprobación definitiva en julio de 2013.
