El secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández, ha explicado la reducción de trámites que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía para la implantación de proyectos de energías renovables en la comunidad, procedimiento que se incluye en el recién aprobado Decreto-Ley de Medidas de Reducción de Trabas Administrativas para las Empresas, que permitirá reducir en un 33% los requisitos exigibles en Andalucía y que pretende reactivar la actividad económica y la creación de empleo.
Así se ha puesto de manifiesto en una jornada previa a la asamblea general de la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean) en la que se han abordado las últimas actuaciones del Gobierno andaluz para favorecer el desarrollo del sector de las renovables.
Esta norma plantea la modificación de ocho leyes, entre las que se encuentra la Ley 2/2007, de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética. La principal modificación de esta normativa supone la simplificación de la actuación urbanística para todas las actuaciones de generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable, independientemente de su potencia y por tanto de qué administración las autorice, siendo necesario presentar únicamente un informe favorable de la Consejería con competencia en urbanismo
Otras de las modificaciones es la ampliación de la consideración de 'Actuación de Interés Público' a todas las instalaciones que se ubiquen en Andalucía independientemente de quien las autorice. Además, se viene a clarificar quién debe hacer determinadas actuaciones vinculadas a la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística, de manera que la garantía necesaria para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos se ha de establecer por resolución de la consejería competente en materia de energía, tanto si la autorización corresponde a la comunidad autónoma, como al gobierno central.
En la jornada también han participado representantes de la Agencia Andaluza de la Energía, quienes han detallado los ejes principales y objetivos sobre los que trabaja la Junta de Andalucía para la nueva Estrategia Energética para Andalucía 2014-2020. Dentro de los principios contemplados por la Junta para los próximos seis años, figura contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, mediante el uso de recursos autóctonos sostenibles y sistemas de autoconsumo; garantizar la calidad del suministro energético, con un modelo descentralizado, y hacer a la ciudadanía protagonista del sistema energético.
El 11 de abril la Junta interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra dos disposiciones del Real Decreto Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. A juicio de la Junta, esta norma atenta contra el principio de seguridad jurídica al generar incertidumbre sobre el régimen legal y de retribución de la producción con energías renovables, cogeneración y residuos, al amparo del cual funcionan actualmente instalaciones que mantienen unos 3.800 empleos directos.
El recurso autorizado se suma a los presentados el pasado año por el Gobierno andaluz contra otras tres normas estatales que ponen en riesgo el desarrollo de las energías renovables en Andalucía: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, y el Real Decreto-Ley 29/2012 de mejora en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social.
Desde la Junta de Andalucía se ha instado al Gobierno de la Nación a convocar nuevamente la Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado, con el objeto ahora de iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, previo a la interposición de un recurso. El pasado 26 de marzo, la Subcomisión de Seguimiento Normativo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General acordó iniciar las negociaciones y designar un grupo de trabajo para proponer la solución que proceda.
