“Solo con el anuncio de la redacción del proyecto de Ley, la gran mayoría de las entidades financieras ya han mostrado su predisposición para colaborar con el Gobierno y en muchas ocasiones, ya están ofreciendo un alquiler económico a las familias que no pueden abonar las cuotas de su hipoteca. Este proyecto de ley ya ha tenido repercusiones favorables para la ciudadanía sin ni siquiera estar aprobada", ha manifestado la consejera de Vivienda de Canarias, Inés Rojas, en respuesta parlamentaria.
La consejera defendió en el Parlamento canario la función social de la vivienda y la necesidad urgente de modificar la Ley canaria actual y corregir así los efectos perniciosos de la crisis en la sociedad. "Esta ley –aseguró– nos va a permitir empezar a intervenir y corregir los efectos negativos de la crisis en el mercado inmobiliario de la vivienda libre pues declararemos la vivienda como un bien social".
La consejera consideró que se trata de "un proyecto de ley que no solo beneficia al interés general sino que afronta un gravísimo problema de las familias, que además de perder la propiedad de su casa tengan que abandonarla".
Aclaró que la "Ley no contempla la expropiación de las viviendas, sino de su uso y lo hace por un periodo máximo de tres años. Esto permitirá que aunque las familias pierdan la propiedad de su vivienda podrán seguir viviendo efectivamente en ellas". "Se evita el desalojo –precisó– no el desahucio. La propiedad sigue siendo de la entidad financiera pero la familia permanece en su casa".
Rojas explicó que el Consejo de Gobierno acordó tramitar el proyecto de ley después de analizar el informe realizado por la Dirección General de Presupuestos y adoptar medidas correctoras para lograr la aplicación efectiva de la ley y su viabilidad económica.
Entre ellas destacó que "para dar cobertura al gasto anual del Registro de viviendas, cifrado en 1,1 millones de euros, se haría a través de una consignación específica en los presupuestos de 2014". Además justificó que "se evitarán gastos añadidos en la dotación de personal del nuevo servicio de inspección que contempla la Ley a través de la reorganización del servicio con personal propio de la Comunidad Autónoma".
En cuanto al gasto de 17 millones de euros para las expropiaciones, señaló que "fue una cantidad máxima, estimada conforme a los expedientes de desahucios del año 2012, y la ley no abarcaría la totalidad de los desahucios sino los de las familias en riesgo de exclusión y con hijos a cargo". "Se priorizará siempre a las familias con niños y niñas a cargo –apuntó–. No podemos obviar que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil".
Rojas también recordó que "los rendimientos o intereses financieros derivados de los depósitos por las cantidades ingresadas en concepto de fianza, pasarían a sufragar las expropiaciones temporales de usufructo que se realizaran".
La responsable de Vivienda concluyó que "esta ley nos permitirá conocer el mapa de las viviendas vacías ya que podremos crear un Registro de Viviendas desocupadas, como fórmula para, mediante sanciones o incentivos, potenciar su ocupación y movilización con alquileres asequibles".
"La vivienda cumple una función social, vital en nuestros días, y así lo ha entendido el Gobierno de Canarias al redactar este nuevo texto en el que vela por el cumplimiento de este derecho".
