Madrid. Aquí cada uno va a lo suyo. Resulta que con el tema de la crisis cada vez es mayor la bolsa de pisos protegidos promovidos por la iniciativa pública que se quedan vacíos. Pues bien, ante esta realidad, llega el informe de la Defensora del Pueblo para señalar que habría que articular la fórmula necesaria para que buena parte de estas viviendas pudieran ser ocupadas por familias que han sido desahuciadas y no tienen donde ir al no tener recursos con los que pagar un alquiler.
Esto, por una parte. Por la otra, está la situación de los titulares de estos pisos –comunidades autónomas y ayuntamientos – que, en algunos casos, ya han dado pasos para ir paliando de manera puntual algunas de estas desgraciadas situaciones, pero que en otros, lejos de ese pensamiento, tienen como objetivo el de desprenderse de estas viviendas con vistas a lograr dos cosas. Obtener ingresos extraordinarios con los que obtener una liquidez de la que tan escasos andan y, de paso, dejar de ejercer ese papel, a veces tan ingrato, de ser casero en los tiempos que corren y dejar de acarrear con los gastos e impuestos que este papel conlleva.
Dos posturas no de fácil conciliación. Desde el punto de vista social y humano, la Defensora presenta unos argumentos difíciles de contrarrestar. Si hay familias desestructuradas, incluso con hijos, que se ven obligados a vivir en la calle, y existe la posibilidad de que puedan, de manera temporal o como diablos se articule, ocupar una de estas viviendas públicas, pues bienvenida sea.
Algunas de estas familias desahuciadas lo han sido precisamente de algunos de estos pisos a los que la Defensora pretende que las administraciones los realojen. Desahucios que, en muchos casos, han venido provocados por la supresión de ayudas a la compra, la denegación de préstamos por parte de la banca, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar o la pérdida de ingresos por el desempleo.
Una realidad que motivó la recomendación remitida al Ministerio de Fomento –justo ahora que está a punto de aprobarse la nueva ley de vivienda, donde el alquiler prevalece sobre la compra– para que adoptase las medidas necesarias para que en la concesión de los préstamos cualificados no se apliquen criterios estrictamente bancarios, sino aquellos encaminados a facilitar el acceso a un bien social básico. La respuesta del Ministerio todavía se está esperando en la sede del Defensor del Pueblo.
