Madrid. Con la crisis y el parón de la actividad urbanística, las empresas municipales de la vivienda se han encontrado con un gran patrimonio de suelo, con promociones paralizadas por falta de recursos para acometer las obras, con adjudicatarios que han renunciado ante la falta de financiación y, sobre todo, con deudas financieras a las que no pueden hacer frente.
En cuestión de cinco años, los cientos de empresas municipales de la vivienda se han ido adaptando a estas circunstancias, ajustando asimismo sus propios gastos internos de funcionamiento, cuantiosos por las deudas contraídas y por unos ingentes recursos humanos. La mayoría lo está consiguiendo sin necesidad de tener que reconocer su manifiesta insolvencia y acogerse a la Ley Concursal.
En esa situación se haya inmersa, por ejemplo, la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa), que no pudo aguantar más y tuvo que reconocer hace un año su insolvencia con un a deuda de casi 270 millones de euros.
También andan en los juzgados las cuentas de la Empresa Municipal de Suelo de San Fernando de Henares. En este caso, no por las cuentas de la entidad en su conjunto sino por una sociedad mixta, la promotora Plaza de España, participada en un 51% por los 200 propietarios de los inmuebles rehabilitados y en un 49% por el Ayuntamiento.
Estas son las cuestiones con las que cada día se enfrentan estas empresas, muy lejos de dar cumplimiento a la razón de su existencia, la de proporcionar vivienda protegida a los ciudadanos. Tiene su lógica a la vista del descenso vertiginoso registrado de las calificaciones provisionales otorgadas para iniciar viviendas protegidas en los últimos años.
En Madrid, la marcha atrás sobre algunas actuaciones han propiciado que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) venda ahora los terrenos, antes destinados a vivienda protegida, para la construcción de viviendas de precio libre.
