Madrid. La crisis económica y el aumento del desempleo han incrementado el miedo de los propietarios de pisos de alquiler a que sus inquilinos no puedan hacer frente al pago de las rentas y acaben convirtiéndose en inquilinos morosos. Hoy día, un 70% de los propietarios reconoce que su principal temor a la hora de alquilar su inmueble es el impago del alquiler, ya que creen que la situación económica del inquilino, independientemente de su fiabilidad inicial, puede cambiar de un momento a otro por la situación económica actual. Así lo ponen de manifiesto los datos de la aseguradora de defensa jurídica ARAG, que gestiona la protección jurídica de más de 64.000 inmuebles de alquiler en España y atiende 3.500 consultas legales al año sobre este tema.
A pesar de la crisis, todavía existe un colectivo de propietarios, el 20%, que consideran que el alquiler no es una opción adecuada porque las rentas no les compensan de los problemas que pueden llegar a tener: largos y costosos procesos de desahucio, daños en el inmueble, etc. Los dueños de pisos que sí alquilan sus inmuebles, en cambio, exigen cada vez más garantías de solvencia a los inquilinos para intentar minimizar el riesgo de impagos ante un posible cambio en su situación económica. Actualmente, los inquilinos que menores riesgos de morosidad entrañan son aquellos que tienen contrato laboral estable, con una antigüedad superior a un año, que no dedican más del 45% de sus ingresos al pago de la renta y carecen de antecedentes de morosidad.
El acceso al mercado de alquiler para quienes no cumplen con estas condiciones es posible con un avalista o sumando los ingresos de otras personas que vayan a vivir en la vivienda. Según el responsable de ARAG Alquiler, Raúl Monjo, “los jóvenes son los que más dificultades tienen para pasar este análisis de solvencia, ya que son el colectivo más afectado por el paro y en el que más contratos temporales se dan. En la mayoría de casos, los padres deben actuar como avalistas para que puedan acceder a un piso de alquiler”.
Ante la difícil situación económica, los propietarios de pisos de alquiler también están optando por dedicar parte de la renta a contratar una póliza de protección legal que les defienda en caso de conflicto. Así lo demuestra el aumento de más del 50% que ha registrado ARAG durante el último año en la contratación de pólizas de protección a propietarios, un tipo de seguro que adelanta las rentas impagadas mientras se inician los trámites legales para recuperar el piso. Según Monjo, “este tipo de seguros exigen al inquilino unos requisitos de solvencia. Si no los pasa y no se puede hacer el seguro, es el mismo propietario quien, cada vez con mayor frecuencia y para su propia tranquilidad, decide buscar a otro inquilino”.
Cuando efectivamente se da un conflicto entre el arrendador y el inquilino, en el 67% de los casos la situación se acaba resolviendo mediante un acuerdo amistoso y sin necesidad de ir a juicio, con lo que sólo 3 de cada 10 casos acaban en los tribunales. En este sentido, según Monjo, “la nueva Ley de Medidas de Agilización Procesal, que acaba de entrar en vigor y que pretende agilizar los procesos, no podrá tener una repercusión tan signficiativa como la esperada, pues si el inquilino se opone a la demanda, el proceso seguirá siendo largo. Además, la carga de trabajo de la mayoría de los juzgados puede hacer muy difícil que se acaben cumpliendo los plazos previstos”.
Según datos de ARAG, el tiempo medio de resolución de un conflicto de alquiler por vía amistosa es de 2,2 meses, mientras que por vía judicial aumenta hasta una media de 7 meses.
