Orense. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia ha comenzado la tramitación de una normativa urbanística provisional para el Ayuntamiento de Ourense, que evite la incertidumbre urbanística actual provocada por la anulación del Plan General de Ordenación Municipal de 2003. El Consello de la Xunta dio esta mañana el primer paso en este sentido, con el acuerdo de inicio del expediente de suspensión parcial del Plan General de Ordenación urbana del Ayuntamiento de Ourense de 1986, que entró en vigor tras la anulación del PGOM de 2003 por el Tribunal Supremo.
Este acuerdo implica la suspensión automática de los procedimientos de otorgamiento de licencias en un total de 30 ámbitos hasta la entrada en vigor de la ordenación provisional para los mismos, que deberá ser aprobada por el Consello de la Xunta. Hace falta recordar que la anulación parcial del PGOM fue solicitada por el Ayuntamiento de Ourense, mediante un acuerdo plenario adoptado el pasado mes de marzo.
La elaboración y tramitación de esta normativa provisional es uno de los frutos conseguidos en el marco de las reuniones de trabajo establecidas entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ourense, lo que permitirá ordenar y regularizar 30 ámbitos, que en algunos casos concurre un especial interés general, por su carácter dotacional público o por su inclusión en un plan estratégico municipal. La mayor parte afectan a sistemas generales y actuaciones públicas actualmente en marcha, como: el juzgado, centro de salud, infraestructuras viarias, el plan estratégico termal o el matadero municipal.
Al mismo tiempo, esta normativa también será convalida para el amparo legal de una serie de ámbitos, de los cuales después de analizar el grado de desarrollo urbanístico conseguido hasta la anulación del PGOM en marzo de 2011, se comprobó que tienen conseguida la aprobación definitiva de los instrumentos de equidistribución, es decir, han cumplido con el deber de cesión y de distribución de cargas y beneficios, por lo que son merecientes de conservar con plenitud sus derechos. Así, no deben encontrar inconveniente en la posibilidad de proseguir los procesos urbanizadores y edificatorios correspondientes.
Por último, el tercero de los beneficios de esta medida será el mantenimiento de la vigencia, a modo de ordenación provisional, del documento regulador del catálogo de edificios a proteger, elaborado en el año 2003, lo que fue solicitado también por el propio Ayuntamiento de Ourense.
Con esta medida, la Xunta de Galicia garantiza una solución que jurídicamente permita dar continuidad al desarrollo de la ciudad a favor del interés general, hasta la aprobación definitiva del nuevo PGOM que está a redactar el Ayuntamiento de Ourense desde enero de 2009, y para lo cuál la Administración gallega aportación más de 500.000 euros.
El paso siguiente en la tramitación será someter este acuerdo a la audiencia del Ayuntamiento de Ourense durante un período de quince días hábiles.
Después de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia por la cual se anulaba el Plan General de Ordenación Municipal de Ourense en 2003, el Gobierno gallego apostó por la creación de un grupo de trabajo técnico para abordar y buscar una solución a la situación urbanística del ayuntamiento.
Así, desde el primer momento, la Xunta trasladó la mejor disposición para colaborar con el Ayuntamiento de Ourense en la búsqueda de una solución transitoria al urbanismo de la ciudad, así como para agilizar la redacción del nuevo plan general, que será la garantía definitiva de la solución de los problemas suscitados. El propio conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, propuso al alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, a finales de marzo, la creación de una comisión técnica formada por representantes de la Xunta y del ayuntamiento para abordar la situación urbanística de Ourense y proponer codo a codo la mejor solución a la situación actual.
Este equipo de trabajo técnico mantuvo tres reuniones en estos meses, encuentros en los cuales avanzaron en la tramitación del plan provisional y en la que se llegaron a fijar los criterios que deben reunir los ámbitos para los que propondrá una ordenación provisional. Estos encuentros fueron muy productivos y sirvieron para confirmar el grado de consenso que existe entre los representantes del ayuntamiento, de tal manera que este buen entendimiento permite avanzar en este proyecto de ordenación que se encuentra en la recta final de la fase de análisis.
