Madrid. Como por ejemplo: al Poder político USA le preocupan sus ciudadanos y en este caso aquellos que tienen hipotecas y se hallan en el paro. ¡Qué cosas, eh? ¡Qué rareza tan extraordinaria si lo comparamos con lo que pasa en España!
A través de un amable comunicado que nos envía la revista de Miami: RealEstatehoy.com, editada en español y en inglés, nos enteramos que:
“La Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y de Protección del Consumidor aportó $1,000 millones al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) para implementar el Programa de Préstamos de Emergencia para Propietarios de Vivienda («Emergency Homeowners Loan Program», EHLP, por sus siglas en inglés). Este programa ofrecerá un préstamo bridge, «puente» con pagos diferidos y saldo decreciente (préstamo asegurado, subordinado y sin intereses) de hasta $50,000 para ayudar con los pagos atrasados a los propietarios de vivienda calificados, incluyendo impuestos y seguro no pagados, así como un máximo de 24 meses de pagos mensuales del capital de sus hipotecas, intereses, primas del seguro hipotecario, impuestos y seguro contra riesgos.”
Esto es, conociendo la durísima situación por la que pasan un buen número de sus ciudadanos -están en paro o con ingresos insuficientes para hacer frente a sus cargas hipotecarias- al Gobierno USA no se le ocurre encogerse de hombros y dejar que el mercado se encargue de esta situación, es decir, que continúen sin piedad las ejecuciones hipotecarias de los que no puedan pagar sus hipotecas (1) sino que, al igual que ha hecho para las instituciones de crédito, ha establecido un marco legal de ayuda a las personas en esta situación. Léase el artículo indicado por completo: le dará a conocer una forma racional de solucionar o paliar los problemas hipotecarios.
¿Nota la diferencia? Aquí en España también se ha ayudado a las entidades de crédito. Y esto sin duda es razonable (2) pero… ¿y a la gente común? Y no se nos diga que para eso tenemos la cobertura social mejor del mundo u otro tipo de ayudas… de lo que estamos hablando es de las ejecuciones hipotecarias y con el importe del paro pocas pueden pararse debido al escaso importe de esos dineros. Donde se necesita ayuda, inmediata y eficaz, es en el asunto de las ejecuciones. Sencillamente, hay que pararlas. No puede seguir corriendo más sangre hipotecaria. (3)
Mientras algunos esperamos un gobierno “a la americana”, el actual podría hacer un inmenso favor a la ciudadanía implementando –copiando a los USA- un Programa de Préstamos de Emergencia para Propietarios de Vivienda para España como del que nos dan noticia nuestros nuevos amigos americanos.
Y entre estos incluyo a dos de los que no había oído hablar hasta hoy: a Chris Dodd y Barney Frank, los impulsores de la llamada Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor a la que hace referencia el artículo de la revista indicada.
Miguel Villarroya Martín.
(1) ¿Cuántas «ejecuciones» ha habido ya, en esta Crisis?… ¿200.000? ¿Cuántas se esperan en estos próximos años?… Nadie puede saberlo con exactitud pero creo haber leído en algún lugar que bien podrían ser 300.000 más , lo que a 2,8 personas por hipoteca resultan casi un millón y medio de personas “ejecutadas” a las que, en gran parte, además, debido a la especialmente malvada ley hipotecaria que padecemos serán condenadas al ostracismo económico de por vida.
(2) Que las ayudas podrían haberse negociado mejor por el Gobierno frente a la Gran Banca es otro tema penoso que ya no tiene remedio. Sólo cabe esperar que para la segunda oleada de ayudas, que vienen y se esperan en un futuro próximo, el Gobierno defienda mejor a los ciudadanos.
(3) Nótese, que algunas iniciativas parlamentarias actuales -revitalizadas en estos meses a raíz del “quasi-cisne negro de Estella”– incluso si se consigue que se modifique la ley, sólo lograrían aliviar los efectos terribles de la ejecución, pero el ciudadano se quedaría sin su vivienda. El sentido de la ley americana es radicalmente distinto, pues con su aplicación se trata de posibilitar mediante un préstamo puente, muy controlado por la Administración, que el ciudadano pueda mantener sus bienes durante un tiempo prudencial -2 años- con el fin de posibilitar su recuperación. La diferencia es pues, radical.
