Lugo. La Xunta de Galicia, a través del Instituto Gallego de la Vivenda e Solo, sorteará el 24 de marzo las 57 viviendas de promoción pública construidas en las calles Fermín Rivera y Aquilino Iglesia Alvariño, en Lugo. El sorteo se efectuará entre los adjudicatarios incluidos en la lista que fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Lugo el 11 de octubre de 2006 y cuya aprobación definitiva la realizó la antigua Consellería de Vivenda el 11 de abril de 2008.
El sorteo determinará que vivienda concreta corresponde la cada adjudicatario y se realizará por cupos, de manera que las viviendas de mayor superficie correspondan a las familias con mayor número de miembros y las viviendas adaptadas para el uso por personas con movilidad reducida correspondan a los solicitantes de las mismas.
En total se sortearán 57 viviendas, de las que 41 corresponden al grupo construido en la calle Fermín Rivera y 16 a las construidas en la calle Aquilino Iglesia Alvariño. En el caso de las viviendas de Fermín Rivera, todas las viviendas disponen de dos o tres dormitorios. La inversión realizada por el Instituto Gallego de la Vivenda e Solo en la construcción de dichas viviendas fue de 2,9 millones de euros.
Por lo que respeta a las viviendas de la calle Aquilino Iglesia Alvariño, la inversión realizada en la construcción de este grupo fue de 899.585 euros. La promoción consta de dos locales comerciales y todas las viviendas cuentan con trastero y plaza de garaje.
Una vez realizado el sorteo, los adjudicatarios de las viviendas de Aquilino Iglesia Alvariño recibirán una comunicación individualizada en las que se les indicará la vivienda adjudicada, las condiciones de la adjudicación y el precio. Los adjudicatarios dispondrán de un mes de plazo para comunicar su aceptación de la vivienda.
En el caso de las viviendas de Fermín Rivera, dicta comunicación se realizará una vez que se disponga de la licencia de primera ocupación concedida por el Ayuntamiento de Lugo. En este sentido, el IGVS quiere expresar su rechazo a las maniobras dilatorias del ayuntamiento respeto de la licencia de primera ocupación, planteando nuevos requisitos una vez que se cumplieron los anteriores.
Esas maniobras se ven reflejadas también en los retrasos en comunicar a la empresa constructora los nuevos requisitos, tal como demuestra que el último requerimiento fuera remitido a la empresa semanas después de que el ayuntamiento hiciera públicos a través de los medios de comunicación sus nuevas exigencias.
El IGVS quiere dejar claro que todos los requerimientos fueron atendidos por la empresa constructora, pero que cada vez que atendió un el Ayuntamiento planteó otro nuevo. Esta situación se repite desde que en 2007 fue solicitada la licencia de primera ocupación. Desde entonces fueron requeridas nuevas actuaciones a la empresa en distintas fechas, fundamentalmente a lo largo de los años 2008 y 2010.
