Unos 60.000 de los 315.000 millones de euros que la Comisión Europea piensa repartir entre los países para financiar inversiones, principalmente infraestructuras, le corresponden a España. Pero no llegarán así como así, para que luego ocurra lo que ha ocurrido con esas decenas de aeropuertos cuya actividad es manifiestamente mejorable debido a una afluencia mínima de viajeros.
La ampliación de la red de alta velocidad será una de esas cuestiones en las que Bruselas se va a fijar especialmente para que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas no financie infraestructuras abocadas a no ser rentables.
Ya en 2015, el Gobierno prevé trazar 1.000 kilómetros más de AVE para llegar a Granada y Cádiz, en Andalucía, a Salamanca, León, Zamora, Burgos y Palencia, en Castilla y León, además de a Castellón, Asturias y Murcia. Todos estos proyectos tendrán que demostrar su utilidad, viabilidad y una alta participación del sector privado para poder acceder a los fondos comunitarios.
Para llevar a cabo esta labor de control, el ESFI (siglas en inglés del fondo) contará con grupos de trabajo relativos a cada uno de los 28 países, que serán los encargados de escudriñar todos y cada uno de los proyectos que se presenten.
La Comisión Europea ya apuntó cuáles podrían ser las prioridades en España: las interconexiones en energía y telecomunicaciones o las infraestructuras de transporte (no solo AVE: también puertos y mercancías), además de otros sectores como podrían ser el aislamiento de edificios o la importación de la banda ancha a zonas rurales.
Las negociaciones se centran ahora en la manera de canalizar el fondo, que podrá ser complementado con aportaciones de bancos públicos y privados o institutos crediticios, caso del ICO español, con el que discute el grupo de trabajo formado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión Europea.
El vicepresidente de la CE, Jyrki Katainen, ha asegurado desconocer qué proyectos se están tramitando en España, adonde acudirá de gira a finales de febrero. Como avance de lo que van a ser sus intenciones en este asunto, el comisario finés ya ha dejado caer la necesidad de desligar las inversiones verdaderamente útiles de aquellas otras cuyos intereses están relacionados con otros aspectos que nada tienen que ver con criterios de viabilidad y rentabilidad.
