Plataformas y asociaciones integradas en la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras han interpuesto un recurso contra la resolución de 28 de febrero del Secretario de Estado de Medio Ambiente (SEMA) que ajustó a la baja los derechos de emisión de 163 instalaciones (entre las que se encuentran 7 fábricas de cemento) concedidos por el Consejo de Ministros el 15 de noviembre de 2013 para el periodo 2013-2020.
Esos derechos de emisión gratuitos se han ajustado por la reducción en la actividad productiva de las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión con anterioridad al 1 de enero de 2013.
Sin embargo, tres meses y medio después de que el Consejo de Ministros asignara esos derechos gratuitos en el llamado periodo post-Kioto 2013-2020, se ha rectificado ese acuerdo cuando no se han producido nuevos datos que no se tuvieran el pasado 15 de noviembre.
En el caso del sector del cemento es más sorprendente aun que se concedan derechos de emisión a fábricas de cemento que han cesado definitivamente su actividad, como las de Holcim en Yeles (Toledo) y en Lorca (Murcia), u otras como las de Uniland Cementera SA en Sitges y Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), o la de Cemex en Buñol (Valencia), que han reducido su actividad significativamente.
El caso más extremo es el de Holcim en Yeles, cuya factoría fue demolida en octubre de 2013 y sus hornos desmantelados, por lo que ya no puede fabricar clínker (el componente principal del cemento y cuya fabricación produce grandes cantidades de CO2) y solamente se dedica a la molienda del clínker fabricado en otras instalaciones. La fábrica de Lorca asimismo ha cesado definitivamente su producción de cemento.
El sector del cemento obtuvo de la Administración en noviembre de 2013 una media de 21,9 millones de derechos de emisión gratuitos anuales en el periodo 2013-2020, cuando las emisiones en 2012, (último año del que se tienen datos) fueron de 11,5 millones de toneladas de CO2. En el periodo 2008-2012 los derechos de emisión superaron a las emisiones en 56 millones de toneladas, lo que supuso unas ganancias para el sector cementero de alrededor de 400 millones.
La producción de cemento ha disminuido desde el año 2007, máximo en la producción hasta hoy, en un 50% aproximadamente. Ese excedente de derechos es vendido por el sector cementero en el mercado internacional del carbono, obteniendo pingües beneficios.
Además la mayoría de cementeras participan en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio en terceros países (Protocolo de Kioto), promoviendo la incineración en cementeras de China, por ejemplo, con lo que obtienen más derechos.
Sin embargo el Estado español tuvo que invertir 700 millones de euros en 2008-2012, y 40 millones en 2013 para poder cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto, debido al exceso de emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español respecto a lo acordado por la Unión Europea.
