Madrid. Ni comen ni dejan comer. Estaban los ingenieros y arquitectos echando cuentas de lo que iban a sacar por emitir el obligatorio certificado energético con el que deben contar los inmuebles que se vendan o alquilen desde el pasado 1 de junio, y resulta que les ha salido una competencia desleal.
La promovida desde las entidades financieras, principales tenedoras de activos inmobiliarios, que han echado cuentas, y han visto que, con los precios que inicialmente se barajaban, el tema les podía salir demasiado caro. Así que de 200 o 300 euros por certificado, ni hablar. Si se pueden hacer por menos de 100, mejor, y si, como ya ha sucedido, el coste se reduce a 25 euros, miel sobre hojuelas.
Y, claro, los técnicos han puesto el grito en el cielo. Y, como el negocio está ahí, y hay un montón de de profesionales interesados dadas las penurias que muchos atraviesan en los tiempos que corren, pues las tarifas a la baja se han convertido en el pan de cada día.
En algunos casos, se trata de precios especiales por certificaciones de inmuebles de características idénticas, como los pisos de una misma finca o los adosados de una misma urbanización. En otros, hay quien incurre en otras prácticas que pueden terminar con la anulación de la certificación tras el paso de los inspectores de la Administración autonómica. Una de las ofertas más arriesgadas es el control "a distancia" de las características del inmueble.
En este caso, se utilizan programas informáticos que, tras la consulta sobre determinadas características, generan estimaciones que, si no se corresponden con la realidad, ofrecen valoraciones muy superiores a las que merece el inmueble, según fuentes del negocio. Sin embargo, la ley obliga a una visita del inspector, lo que exige unos gastos mínimos, aunque sea los de desplazamiento.
No obstante, existen algunas excepciones admitidas por la propia norma. En la evaluación de viviendas unifamiliares se admite la posibilidad de que el informe puede basarse en otro realizado sobre un edificio que sea de diseño y tamaño similares, siempre que el técnico competente garantice tal correspondencia.
Si la valoración recibida no corresponda con la realidad, la sanción no sólo recaerá sobre el técnico que firme el documento, sino también sobre el propietario del inmueble. Aunque las sanciones tendrán distintos niveles, la anulación obligará a repetir la certificación, incrementando los costes totales del trámite.