Andalucía. El servicio de atención telefónica Info.vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Juta de Andalucía ha atendido en su primer año de funcionamiento un total de 265.298 consultas ciudadanas, es decir, una media de 1.200 diarias. Esta plataforma de atención al público ha venido ampliando sus prestaciones desde su creación, que en una fase inicial se orientaron a dar información y facilitar a los jóvenes la tramitación de la Renta Básica de Emancipación y las ayudas de alquiler.
En la actualidad, el servicio ofrece también asesoramiento sobre VPO, más concretamente sobre el registro municipal de demandantes, compra o transmisiones, así como sobre rehabilitación.
Las consultas más generalizadas hacen referencia a las ayudas para el alquiler, con un porcentaje del 65%. Los ciudadanos solicitan desde información general hasta datos más específicos sobre la documentación, la tramitación, los plazos y requisitos necesarios para acceder a cualquier tipo de ayuda relacionada con este ámbito.
Los restantes contactos, que representan un 35% del conjunto de llamadas, están relacionados con las ayudas recogidas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para la compra de VPO, con las vías existentes para optar a esta tipología residencial, con las descalificaciones o transmisiones de este tipo de viviendas y con las adquisiciones de inmuebles protegidos, además de con los diferentes incentivos a la rehabilitación de inmuebles y edificios. En este teléfono también se atienden llamadas relacionadas con la recuperación del parque público de viviendas que gestiona la Consejería.
Por otra parte, a Consejería de Obras Públicas y Vivienda concede ayudas por valor de 3,6 millones de euros a 521 municipios andaluces para la puesta en marcha de los registros municipales de demandantes de VPO. La Ley del Derecho a la Vivienda contempla esta figura como una herramienta clave para conocer las necesidades de inmuebles protegidos en cada municipio y ajustar consecuentemente la oferta.
Su creación y gestión son obligatorias por parte de los ayuntamientos, aunque para apoyarlos en esta labor y agilizar su desarrollo, la Junta de Andalucía publicó en 2009 una orden para regular estos incentivos y abrió a principios de este año una convocatoria para solicitarlos.
Los registros municipales de demandantes de vivienda protegida no sólo incluirán cuántos ciudadanos tienen derecho a una vivienda en cada localidad, sino que también caracterizarán la demanda en función de las necesidades familiares: régimen al que opta el interesado (en venta o en alquiler), tipología de vivienda (si es adaptada o no), superficie y distribución del inmueble, etc. Asimismo, permitirán que los ciudadanos soliciten una VPO hasta en tres municipios distintos, consignando cuál es su localidad de preferencia.
