El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado un nuevo decreto que tiene como objetivo fomentar la construcción de viviendas de protección pública (VPP) y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias en situación vulnerable. Este reglamento busca corregir los desequilibrios del mercado inmobiliario en la región y establecer un marco normativo adaptado a las necesidades actuales. La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno valenciano, orientada a mejorar el acceso a la vivienda para distintos colectivos.
Mazón ha subrayado que este decreto es un paso clave dentro de la legislatura dedicada a la vivienda, asegurando que la nueva normativa aportará soluciones factibles y reales para aumentar la oferta de viviendas asequibles en la Comunitat Valenciana. El plan incluye la reserva de un 40% de las viviendas protegidas para jóvenes menores de 35 años y familias monoparentales, entre otros colectivos. Además, se establecerán distintos niveles de protección y un nuevo sistema de fijación de precios, pionero en España, que permitirá regular los precios de forma dinámica y actualizará los costes anualmente.
Acceso a vivienda para jóvenes y familias vulnerables
Una de las medidas centrales del nuevo decreto de regímenes especiales es garantizar que al menos el 40% de las promociones de vivienda protegida, tanto públicas como privadas, estén reservadas para jóvenes menores de 35 años. Este enfoque está orientado a resolver uno de los mayores problemas que enfrentan los jóvenes en la región: la falta de acceso a viviendas asequibles. Asimismo, se beneficiarán de esta normativa familias monoparentales, personas con discapacidad o dependencia, así como víctimas de violencia de género.
El nuevo reglamento también ajusta el nivel de renta máximo para acceder a estas viviendas, ampliando el umbral para familias que tengan personas mayores a su cargo o hijos con edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Esta ampliación de los criterios de acceso busca incluir a más sectores de la población que anteriormente quedaban excluidos de las políticas de vivienda protegida.
Carlos Mazón ha señalado que, ante la alarmante situación del mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana, el nuevo decreto es una respuesta directa y necesaria para revertir el elevado precio de la vivienda. Según el presidente, entre 2015 y 2023, los precios de alquiler aumentaron un 90% y los de compra un 49%, lo que evidencia un grave desequilibrio entre la oferta y la demanda. Para combatir esta realidad, el nuevo decreto también incluye mecanismos que fomentan la participación de promotores privados, facilitando la construcción de viviendas con mayores incentivos y menores trabas burocráticas.
Simplificación administrativa y seguridad jurídica
Otro aspecto clave de la nueva normativa es la apuesta por la simplificación administrativa y la seguridad jurídica, aspectos que, según Mazón, son fundamentales para incentivar la construcción de nuevas viviendas. El nuevo decreto busca acortar los plazos para la obtención de las calificaciones necesarias, lo que permitirá que las promociones de vivienda protegida avancen a mayor ritmo. Esta medida no solo beneficia a los promotores, sino también a los ciudadanos, que verán cómo se incrementa la oferta de viviendas disponibles en menor tiempo.
El decreto también introduce diferentes niveles de protección para las viviendas, estableciendo un régimen más flexible según el tipo de suelo en el que se construyan. Para las promociones en suelos calificados para VPP, el periodo de protección será de 30 años, mientras que aquellas que se desarrollen en suelos originalmente destinados a la construcción de viviendas libres tendrán una protección de 20 años. Además, las viviendas destinadas específicamente a jóvenes tendrán una protección de 15 años. Esta diferenciación busca adaptar el sistema de vivienda protegida a las particularidades del mercado inmobiliario valenciano.
Una de las innovaciones más destacadas del nuevo decreto es el sistema de fijación de precios máximos mediante un módulo dinámico que será pionero en España. Este módulo se actualizará anualmente en función de los costes de edificación, la evolución del mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y las rentas medias de cada municipio de la Comunitat Valenciana. El objetivo es garantizar que el precio de venta de las viviendas protegidas esté siempre por debajo de los precios del mercado libre, permitiendo así que más ciudadanos puedan acceder a una vivienda en condiciones favorables.
Una legislatura marcada por la vivienda
El nuevo decreto de vivienda protegida se enmarca dentro de un plan más amplio de la Generalitat Valenciana para garantizar el acceso a la vivienda en la región. Este decreto se suma a otras iniciativas del gobierno, como el Plan Vive, que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles en más de 200 municipios de la Comunitat Valenciana. Este plan, junto con la nueva normativa de regímenes especiales, pretende aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y ofrecer soluciones efectivas a la falta de oferta de viviendas asequibles.
Además, Mazón destacó la línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para menores de 45 años, que cuenta con una dotación de 20 millones de euros. Esta iniciativa permitirá a los compradores obtener un préstamo de hasta el 95% del precio de la vivienda, facilitando aún más el acceso a la propiedad. El gobierno valenciano también ha implementado medidas fiscales, como la reducción del 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para jóvenes menores de 35 años y otros colectivos vulnerables, lo que ha permitido un mayor acceso a la vivienda protegida.
Asimismo, se ha ampliado el Bono Alquiler Joven para el periodo 2023-2024, beneficiando a 5.640 jóvenes, lo que representa un incremento del 44% respecto a la convocatoria anterior. Para estas ayudas se han destinado 31,9 millones de euros, con un aumento del 40% en comparación con la convocatoria previa. Todas estas iniciativas reflejan el compromiso del gobierno valenciano de hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda mediante un conjunto de políticas coherentes y orientadas a los colectivos más vulnerables.
Con este nuevo decreto, la Generalitat Valenciana busca no solo reactivar el mercado de vivienda protegida, sino también ofrecer soluciones efectivas y a largo plazo para una problemática que afecta a miles de valencianos, castellonenses y alicantinos. La combinación de medidas legislativas, fiscales y financieras aspira a hacer realidad el derecho a una vivienda digna en la Comunitat Valenciana.
