El sector inmobiliario español enfrenta una paradoja significativa: mientras la demanda de viviendas en alquiler a precios asequibles continúa creciendo debido a cambios sociodemográficos y económicos, la capacidad para desarrollar nuevas promociones se ve obstaculizada por una carga impositiva que, según los expertos, supera incluso a la aplicada sobre productos de lujo. Esta situación resalta la urgente necesidad de reformas fiscales dirigidas a fomentar la inversión en el sector del alquiler asequible.
Promotores e inversores han hecho un llamado a las diferentes administraciones para solicitar beneficios fiscales que les permitan expandir su capacidad de desarrollo de vivienda en alquiler a precios por debajo del mercado. Teresa Marzo, consejera delegada de la gestora de inversiones Elix, destacó durante una mesa redonda que la fiscalidad representa una parte considerable, más del 25%, del coste total de inversión en el sector, sugiriendo que esta carga impositiva es desproporcionada en comparación con otros sectores.
La necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible es urgente. Marzo señaló que el año pasado se crearon cerca de 250.000 nuevos hogares en España, pero solo se inició la construcción de 80.000 nuevas casas. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda se ve agravado por el incremento en la proporción de hogares que optan por el alquiler, la cual ha aumentado del 17% en 2017 al 25% actualmente, con proyecciones que indican que podría superar el 30%. La directiva de Elix afirmó que los inversores están dispuestos a ser parte de la solución, pero enfatizó la necesidad de que las administraciones ofrezcan seguridad jurídica, estabilidad normativa y un retorno justo a las inversiones para atraer capital institucional e internacional.
En un esfuerzo por abordar estas preocupaciones, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sostuvo una reunión con la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), liderada por Juan Antonio Gómez-Pintado. Durante el encuentro, se discutió la reactivación de la tramitación de la reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y se presentaron diferentes líneas de ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Consejo de Ministros aprobará, destinadas a expandir el parque de vivienda social y a avalar a jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda.
Gómez-Pintado destacó la importancia de facilitar el acceso a la vivienda y propuso la creación de grupos de trabajo que permitan a las empresas promotoras compartir su conocimiento y experiencias. Por su parte, Rodríguez afirmó que esta sería la «legislatura de la vivienda» y subrayó la prioridad política que representa el acceso a vivienda asequible para el Gobierno, invitando a la empresa privada a sumarse a una «gran alianza de país».
La situación actual del mercado inmobiliario español subraya la necesidad de una colaboración estrecha entre el sector público y privado para abordar el desafío del alquiler asequible. Las medidas fiscales propuestas no solo buscan aliviar la presión sobre los promotores e inversores, sino que también apuntan a un objetivo más amplio: asegurar que un mayor número de ciudadanos tenga acceso a viviendas dignas y asequibles. La implementación de estas reformas fiscales, junto con la creación de un entorno más favorable para la inversión, podría ser un paso crucial hacia la resolución de la crisis de vivienda asequible en España, beneficiando tanto a potenciales inquilinos como al conjunto de la sociedad.
