• Ambas entidades reclaman la equiparación de los empleados públicos como ocurre en el sector privado, para una mayor competitividad y mejor servicio al ciudadano.
• Acuerdan comprometerse a desarrollar una estrategia común dirigida a participar activamente en la tramitación del proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) y el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) han firmado un acuerdo para, además de abrir distintas vías de colaboración, promover la actualización de los grupos de clasificación profesional para el acceso a la función pública a la estructura de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales vigentes.
Ambas entidades, representadas por el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, y su homónimo en el INGITE, José Antonio Galdón, reclaman, junto a otros colectivos, la equiparación de los profesionales públicos con el mismo nivel académico (Título de Grado) y misma responsabilidad de las funciones a desempeñar, como ocurre en el sector privado.
En la actualidad, son titulados universitarios todos aquellos que obtienen un título de Grado, por lo que todos estos profesionales deben pertenecer al Grupo A sin ningún tipo de distinción.
“El proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado recoge dentro del grupo A de cuerpos y escalas dos subgrupos, representando un agravio entre los profesionales del sector público, ya que las titulaciones de Grado correspondientes, entre otras, a los ámbitos de la arquitectura técnica, o ingeniería técnica son encuadradas en el subgrupo A2, cuando deberían estarlo en el subgrupo A1”, considera Sanz.
Desde el INGITE, entidad con carácter científico en la que están integradas asociaciones que representan a distintas ramas de la Ingeniería Técnica, que engloba a más de 300.000 profesionales y estudiantes, defienden, a través de la “Plataforma Grupo A”, en la que también se encuentra integrada el CGATE, la necesidad de acabar con esta discriminación laboral que afecta a más de dos millones de empleados públicos. Esta Plataforma exige que se suprima la subclasificación del Grupo A.
Según declaraciones de Galdón, “pedimos que se modernice la Función Pública y se apliquen los mismos criterios que en el ámbito privado donde los graduados no tenemos límites, lo cual redundará en una mayor competitividad y un mejor servicio al ciudadano”.
Tanto CGATE como INGITE se comprometen, a través de este convenio marco, a desarrollar una estrategia común dirigida, entre otras cuestiones, a participar activamente en la tramitación del proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado y, particularmente, en la sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización.
