Ante las recientes declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, Ione Belarra, en las que afirmaba que las agencias inmobiliarias no deberían cobrar honorarios a los inquilinos por los servicios de gestión del alquiler porque es una comisión no regulada en la ley, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona quieren manifestar lo siguiente:
La percepción de esta tipología de honorarios es plenamente legal, y cabe recordar que la ley catalana de vivienda recoge que los agentes inmobiliarios se dedican de forma retribuida a prestar servicios de mediación, asesoramiento y gestión en operaciones -entre otras- de alquiler. Además, a nivel nacional la jurisprudencia ha reiterado la legalidad de los contratos de mediación por su carácter consensual, bilateral y oneroso. Desde nuestras entidades hemos puesto nuestro conocimiento experto del sector al servicio de las administraciones públicas y hemos proclamado reiteradamente nuestra voluntad para participar en la definición de soluciones que den respuesta real a la moderación de precios y la disminución de la conflictividad, sin haber sido escuchados.
En este sentido, hemos reclamado que se establezca una regulación legislativa de la profesión inmobiliaria a nivel de toda España para que, como en Catalunya o la Comunidad Valenciana, se pueda garantizar una formación adecuada a los profesionales y la protección adecuada del ciudadano que es el usuario final de los servicios de intermediación inmobiliaria.
Constatamos un reiterado desprecio al sector por parte de la formación política que lidera la ministra Belarra, lo que constituye una irresponsabilidad, ya que los profesionales no son el problema, sino parte de la solución a las dificultades de hacer efectivo el derecho a la vivienda. Nos sorprende que la ministre oculte y excuse sus responsabilidades ante el nulo compromiso presupuestario del Gobierno de coalición del Estado con las políticas sociales de vivienda y lo haga arremetiendo contra el sector.
El actual Gobierno de coalición no ha demostrado una verdadera voluntad de avanzar en la solución del problema del encarecimiento de la vivienda, puesto que no ha revertido los recortes presupuestarios en los programas más sociales en esta materia. Los recursos destinados a los programas del Plan Estatal de Vivienda han pasado de los 1.500 millones de euros que se contabilizaban en las cuentas públicas en el año 2009 a los 559 millones presupuestados para este 2023 (359 M€ Plan Vivienda + 200 M€ Bono Joven). España no tan sólo tiene el deshonor de estar en el vagón de cola de disponibilidad de vivienda social, sino que también se encuentra en la última fila en gasto público en ayudas al acceso a una vivienda
Tanto la AIC como el COAPI de Barcelona consideran necesario y urgente un pacto entre todas las partes para garantizar la seguridad jurídica y política a largo plazo para evitar vaivenes legislativos que comprometen la colaboración público-privada. No podemos permitirnos nuevos fracasos por la adopción de medidas que se han mostrado ineficientes en la resolución de las problemáticas de la asequibilidad del acceso a una vivienda.
La inseguridad jurídica existente en Catalunya no puede trasladarse a la legislación nacional con la promulgación de normas de escaso recorrido y exiguo resultado. Por ello, entendemos que debe evitarse incorporar medidas de carácter populista en la Ley de Vivienda en trámite y que los profesionales del sector sean escuchados con anterioridad a la hora de redactar normativas. La imposición de medidas coactivas de carácter populista a los propietarios no solucionará la dificultad de acceso a la vivienda asequible si no hay esfuerzos en las ayudas, la adquisición o la promoción de viviendas destinadas a esa finalidad.
