La Comunidad de Madrid defenderá a los propietarios de viviendas frente al intervencionismo de la nueva Ley estatal para el sector anunciada por el Gobierno central.
Así lo ha subrayado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, donde ha recalcado que las limitaciones que plantea esta norma nacional ponen en peligro las inversiones en curso y harán que los promotores salgan del país.
«Esta ley en vez de ofrecer seguridad jurídica conlleva una fuga de inversores, dificultará aún más el acceso a la vivienda y conllevará una menor creación de empleos en el sector», ha denunciado.
«Lo que hemos conocido de la Ley de Vivienda es de una enorme gravedad. Son medidas que desincentivan el ahorro familiar en vivienda. Esto tiene importantes consecuencias, porque el 90% de las que están en el mercado son de pequeños propietarios, que en muchos casos tienen el precio del alquiler como complemento a su renta o incluso como fuente de ingresos principal», ha detallado Martín.
Según la consejera, los expertos señalan que la limitación de los precios de alquiler provoca la reducción de la oferta, el incremento del precio medio, el deterioro del parque inmobiliario y una mayor inseguridad jurídica a los propietarios.
En la Comunidad de Madrid este sector supone el 14% del PIB y del empleo, siendo el de la construcción el que más influye en el resto de los agentes económicos.
Si se extrapolan los efectos de la norma en comunidades autónomas en las que se está aplicando ya la limitación de los precios del alquiler, el resultado es que dejarán de iniciarse 2.370 viviendas al año de obra nueva destinada al alquiler libre, con una reducción de la inversión de 730 millones de euros, lo que afectaría al empleo de prácticamente 5.700 personas.
«El modelo en materia de vivienda del Gobierno regional ofrece certeza, apuesta por la colaboración público-privada para generar oferta sin restricciones ni limitaciones, pone suelo público en el mercado y amplia el parque público para ayudar a los jóvenes, que son los que más dificultades tienen para acceder a un piso», ha añadido la consejera.
En ese sentido, Martín ha destacado la concesión de las primeras 5.400 viviendas de alquiler asequible del Plan Vive del Gobierno madrileño para facilitar el acceso a un hogar de los más jóvenes o Plan de venta de suelo público destinado a reactivar la economía de la Comunidad de Madrid.
Esta iniciativa incluye 191 parcelas ubicadas en 20 municipios de la región para uso residencial, comercial, industrial y hotelero.
El 40% de estas parcelas ya se ha licitado y se han recibido ofertas por prácticamente el 100% de ellas, con una previsión de sacar al mercado el 60% de todas antes de que finalice el año.
