El Ayuntamiento de Valencia aprobará, por primera vez, en su próxima Junta de Gobierno de Local las normas para la adjudicación de viviendas municipales en régimen de alquiler asequible en la ciudad, según ha anunciado la concejala de Vivienda, Isabel Lozano.
«Ante el incremento del precio del alquiler de las viviendas en la ciudad de València, agravado por la crisis sanitaria provocada por la Covid19, se hace necesario facilitar recursos habitacionales a aquellos colectivos que, sin estar en situación de vulnerabilidad social, sus recursos económicos no les permiten acceder al mercado libre.
Por ello, se hacía necesario aprobar estas normas de adjudicación de viviendas de alquiler asequible para facilitar el acceso a una vivienda digna a precios justos, dando impulso a la vivienda pública y permitiendo reducir las barreras de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y clase media trabajadora de Valencia», ha dicho la concejala de Vivienda, Isabel Lozano. Concretamente, la concejalía de Vivienda comenzará la adjudicación con un pack de 20 viviendas, situadas en los barrios del Cabanyal y Campanar.
Las viviendas van desde los 63 metros cuadrados útiles, hasta los 90 metros cuadrados útiles y los precios oscilan entre los 332 euros hasta los 491 euros. Algunas de las viviendas tienen opción de garaje y trastero, que se paga aparte. La duración del contrato será de 7 años, de acuerdo con la normativa actual.
Podrán ser solicitantes de estas viviendas, con carácter general, las personas empadronadas o que acrediten residencia efectiva en el término municipal de Valencia, con al menos un año de antelación a la fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes. Esta condición deberá mantenerse en el momento de la firma del contrato de arrendamiento.
Además, habrá que estar inscritos en el Registro de Demandantes de Alquiler del Ayuntamiento de Valencia y no tener, en pleno dominio o usufructo, una vivienda situada en el territorio español, ni la persona solicitante y ni ningún miembro de la unidad de convivencia.
La unidad de convivencia debe tener unos ingresos mínimos suficientes para el pago de la renta. A estos efectos, los ingresos mínimos anuales deberán ser iguales o superiores a dos veces el Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples, IPREM (15.039,18 euros).
Los ingresos anuales de la unidad de convivencia no podrán ser superiores a 3’5 veces el IPREM (26.318,57 euros). No obstante, en el caso de que se trate de familia numerosa categoría general o de personas con grado de discapacidad intelectual, discapacidad física y sensorial inferior al 65% el umbral será de 4 veces el IPREM (30.078,36 euros), y de 5 IPREM (37.597,95 euros) cuando se trate de familia numerosa categoría especial o persona con discapacidad intelectual, discapacidad física y sensorial con grado igual o superior al 65%.
Lozano ha dicho que se trata de una iniciativa más para incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible en la ciudad de Valencia y de consolidar la residencialización en nuestros barrios. Además, se prioriza en la baremación a colectivos especialmente vulnerables como son los jóvenes, las personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad; así como también, en segundo lugar, a las personas que han perdido su vivienda, víctimas de violencia de género o las familias monoparentales o numerosas».
