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Madrid desiste de recurrir ante el Supremo para desbloquear los Desarrollos del Sureste

El Gobierno municipal ha dispuesto el desistimiento en todos los recursos de casación en curso que se tramitan en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del 25 de enero de 2018 de la Junta de Gobierno de Madrid por el que se aprobó el Plan Director de Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste.

Así lo ha anunciado la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, donde ha explicado que este desistimiento es una de las acciones que anunció el pasado mes de julio el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, tras una reunión con los representantes de las juntas de compensación, con el objetivo de facilitar el desbloqueo de estos desarrollos y cumplir, además, con un compromiso del Gobierno.

Contra el acuerdo del 25 de enero de 2018, que fue adoptado por la corporación anterior, se interpusieron cinco recursos en vía contencioso administrativa.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya dictó sentencia estimatoria para cuatro de ellos, dando la razón a los demandantes al señalar que el Plan impugnado no se ajusta a la legalidad vigente.

Ante estas sentencias, el Ayuntamiento de Madrid interpuso recursos de casación que se encuentran en fase de admisión ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, a la vista de las diferentes resoluciones que han recaído ya en este asunto, el actual Gobierno municipal considera conveniente para la salvaguarda de los intereses generales, con el fin de no paralizar el desarrollo y ejecución de los ámbitos afectados por una evidente inseguridad jurídica, que el Ayuntamiento desista de ese trámite.

Por todo ello, este acuerdo de Junta de Gobierno por el que se autoriza el desistimiento en los recursos de casación en curso supone un primer paso para clarificar el ámbito normativo aplicable a los desarrollos del Sureste y dotarlos de estabilidad para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas.

Con este desbloqueo de los desarrollos se evita, además, una posible reclamación al Ayuntamiento de Madrid que podía ascender a los 1.580 millones de euros.

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