En Barcelona hay 16.000 viviendas de protección oficial que todavía mantienen esta calificación.
En el último año y medio se han detectado 358 pisos de promociones públicas de venta que no estarían ocupados por las personas beneficiarias. El fraude más habitual es que la vivienda esté vacía o alquilada a precio de mercado. La inspección y el control han permitido recuperar diecisiete de estas viviendas para el alquiler asequible.
En diciembre del 2017 el Ayuntamiento puso en marcha el Plan de inspecciones de viviendas de protección oficial para investigar y sancionar a las personas propietarias que no utilizan la vivienda de protección oficial como residencia habitual y permanente o que la han alquilado sin pedir autorización, con el objetivo de garantizar la función social de estos pisos.
Igual que la competencia de vivienda, la capacidad de inspeccionar el mal uso del parque público protegido corresponde a la Generalitat de Catalunya; sin embargo, el Consistorio solicitó a la Generalitat la lista de viviendas protegidas de la ciudad y la competencia para investigarlas y sancionarlas.
Rebaja de sanciones a cambio de un alquiler asequible
La inspección se ha centrado en los pisos que pierden la calificación en los próximos años. Hasta el momento se han inspeccionado 2.679 viviendas, en 358 de las cuales se ha detectado un mal uso, porque están vacías o porque están alquiladas sin autorización y por encima del precio establecido.
En total, se han iniciado 60 expedientes sancionadores, que se encuentran en fase de tramitación. Hoy por hoy se han cobrado hasta doce multas, de entre 4.000 y 45.000 euros, por mal uso de la vivienda protegida.
Como se trata de una infracción muy grave, las sanciones que prevé la ley del derecho a la vivienda pueden oscilar entre los 90.000 y los 900.000 euros. El importe de la sanción se reduce si las personas propietarias vuelven a dar un buen uso a la vivienda, como incluirla en la bolsa de alquiler asequible o alquilarla al precio que fija la ley.
Por lo tanto, la inspección ha permitido incorporar 6 pisos a la bolsa de vivienda de alquiler asequible de la ciudad, y 11 pisos que ya estaban alquilados pasarán a tener un precio protegido por la ley. Las viviendas se encuentran en los barrios de la Barceloneta, el Clot, Poble-sec y Vallbona, entre otros.
El Consistorio reclama a la Generalitat que es necesario proteger de forma permanente el escaso parque público de vivienda de la ciudad para evitar que estos pisos pierdan la protección y se puedan vender a un precio muy superior al que pagaron las personas adjudicatarias.
