El acceso a una vivienda digna sigue siendo difícil para los grupos sociales más vulnerables, como los jóvenes o las familias trabajadoras con rentas bajas.
En España, uno de cada cinco ciudadanos gasta en vivienda más del 30 % de su renta disponible, según recoge el último informe del Observatorio Social de La Caixa, que llega a las siguientes conclusiones.
1. La vivienda como derecho
La vivienda es una de las necesidades sociales más importantes, esencial para poder llevar una vida digna. Su acceso debería estar garantizado en cualquier país desarrollado, tal como reconocen las principales cartas de derechos. Además de procurar el acceso de toda la población a una vivienda, esta debe tener unas condiciones adecuadas para poder vivir dignamente. Es necesario también que las familias puedan lograr un consumo energético básico para evitar el impacto negativo que la pobreza energética tiene en la salud de las personas y en el normal desarrollo de sus vidas.
2. La importancia de la vivienda
Para muchas personas, el coste de la vivienda es un problema muy relevante, ya que han de destinar a este gasto una parte importante de lo que ganan y, en el caso de los jóvenes, constituye un freno para la emancipación del hogar familiar.
Valga como prueba que el número de años que necesitaría un hogar para comprar una vivienda, suponiendo que destinara a ello el total de su renta disponible, permanece constante en torno a seis desde los momentos más álgidos de la crisis.
Por otro lado, los indicadores permiten comprobar que, en líneas generales, algunos de los problemas más graves para la materialización de este derecho, como la carencia de baño en el interior de la vivienda o el hacinamiento, afectan solo a una pequeña proporción de la población española.
3. El coste de la vivienda
El precio de la vivienda se incrementó fuertemente en España durante el período expansivo de los primeros años del siglo, lo que hacía más difícil el acceso a este bien fundamental. La escalada de precios solo se detuvo a partir del año 2008, con el inicio de la crisis, pero la recesión supuso también un descenso de las rentas de los hogares, mayor dificultad para hacer frente a las deudas contraídas y un aumento de los casos de familias desahuciadas por impago del alquiler o la hipoteca.
Más de la quinta parte de los ciudadanos gasta en vivienda más de un 30% de lo que ganan. Este porcentaje permanece bastante estable desde el momento de mayor desaceleración del mercado inmobiliario.
Ante este contexto, no es extraña la percepción extendida entre una proporción muy alta de ciudadanos de que el coste total de la vivienda supone una carga pesada para el hogar. En los últimos años ha aumentado, además, el coste de acceso a la vivienda en alquiler, una tendencia que perjudica especialmente a los jóvenes y a las familias inmigrantes.
4. Problemas en la vivienda
Las necesidades correspondientes a las instalaciones sanitarias básicas de la vivienda están prácticamente cubiertas en su totalidad en los hogares españoles. Sin embargo, muchas viviendas (entre el 15 y el 20%) presentan deficiencias estructurales o un mantenimiento inadecuado. La incidencia de los problemas de hacinamiento tampoco parece especialmente grave, aunque en los casos en los que se combina con otras carencias de la vivienda, y en determinadas áreas, puede ocasionar complicaciones de salud e integración social.
5. Pobreza energética
Entre las necesidades sociales ligadas a la vivienda, una de las menos conocidas, pero de creciente calado en la opinión pública y en el debate político, es la relacionada con la pobreza energética. Aunque, en general, este tipo de pobreza tiene menor incidencia en los países con mayor renta por habitante, los indicadores utilizados para medir el alcance del problema revelan que afecta a un segmento no desdeñable de hogares españoles.
El problema adquirió especial protagonismo al inicio de la crisis, ya que los precios de la energía aumenta¬ron drásticamente a la vez que se reducían las rentas familiares. La intensidad y la duración de la crisis hi¬cieron que casi se duplicara el porcentaje de población afectada, mientras que en el resto de los países el in¬dicador registró un comportamiento más estable.
Esto hizo desaparecer la posición ventajosa que España te¬nía en cuanto a la pobreza energética respecto al pro¬medio europeo, medida según el nivel de dificultad para caldear adecuadamente la vivienda. España tam¬bién destaca por la elevada sensibilidad del fenómeno a los cambios de ciclo económico.
El aumento de las situaciones de pobreza energética ha de ser reconocido y sus causas atajadas con políti¬cas públicas más ambiciosas que las actuales. Para ello han de tenerse en cuenta los tres orígenes de la pobre¬za energética: la baja renta familiar, la baja eficiencia energética de las viviendas y el precio elevado de la energía. La lucha contra la pobreza energética es im¬portante por sus efectos negativos en términos econó¬micos, sociales y de salud.
6. Hacinamiento
La situación de la población española respecto a las necesidades de espacio en la vivienda es, en términos comparados, más favorable que la de otros países de la UE con mayor renta, aunque esta valoración está muy condicionada por el indicador considerado. Las familias con problemas de hacinamiento son pocas en comparación al promedio europeo.
7. Baja inversión en las políticas públicas
La mayor incidencia de algunos de los problemas descritos puede vincularse a la debilidad de las políticas públicas de vivienda en España. Entre otras medidas de intervención pública respecto al acceso a la vivienda, el gasto en ayudas directas en España es considerablemente inferior al de la UE-28 y, además, a diferencia de lo que sucedió en la mayoría de los países europeos, disminuyó durante la crisis.
Estas prestaciones las financian y desarrollan los gobiernos autonómicos, cuyo nivel de gasto ya era muy reducido antes de que empezara la crisis y con una capacidad presupuestaria muy mermada por la desaceleración de los ingresos tributarios y la necesidad de hacer frente a la creciente demanda de prestaciones de garantía de ingresos. No es extraño, dada esta baja inversión de recursos, que el efecto reductor de la pobreza de estas ayudas sea muy inferior en España al de la mayoría de los países europeos.
8. Vivienda protegida y de alquiler
Hasta la generalización de los incentivos fiscales, a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, la vivienda protegida fue el principal instrumento de la política de acceso a la vivienda.
Uno de los efectos duraderos del fomento del acceso a la propiedad a través de esta vía ha sido un mercado de vivienda en alquiler más restringido y caro que en otros países. La sobrecarga de los gastos de vivienda en los hogares españoles que viven en régimen de alquiler es una de las mayores de la Unión Europea, a pesar de la reducción de los precios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
No obstante, tal como sucede en otros países, la vivienda protegida puede ser un instrumento eficaz de universalización del derecho a una vivienda digna. Los datos, sin embargo, muestran una caída continuada de la vivienda protegida desde el inicio de la crisis hasta alcanzar niveles mínimos históricos en la actualidad.
