Los directivos de los principales grupos de restauración organizada de España reclaman una normativa urbanística común en todas las comunidades autónomas, según se desprende de las conclusiones del segundo encuentro del Food & Beverage Lab de Cushman & Wakefield.
Durante el debate, titulado «Restricciones y moratorias en el sector hostelero y de restauración«, los expertos coincidieron en señalar que la actual regulación, que no cuenta con un modelo estándar, «perjudica al desarrollo del sector».
Andrés Monge, asociado y responsable de Project & Development Services de Cushman & Wakefield, explicó al respecto que, «en el ámbito urbanístico, hay una normativa estatal, otra para la comunidad y otra, para el Ayuntamiento».
Intervienen todo tipo de organismos e infinidad de regulaciones, hasta los estatutos de vecinos, según se desprende del análisis normativo realizado por Cushman & Wakefield. «Los procesos de obtención de licencias no son extrapolables y pueden ser distintos hasta en dos edificios contiguos», explicó Monge.
Jesús Martínez, consejero de Papa Johns y vicepresidente de la Asociación Española del Retail, apuntó al respecto que «no puede ser que, en la misma ciudad, en función del barrio en el que estés, la regulación sea diferente». «Pedimos la unificación de normativas, claridad en los procedimientos, agilidad en las concesiones y seguridad jurídica», destacó.
Mercedes Moraleda, Directora Ejecutiva de Grupo Lateral, señaló, por su parte, que «a nivel urbanístico, hay un agravio comparativo entre modelos de negocio como el de la restauración y, por ejemplo, el de las oficinas».
El principal problema al que se enfrenta el sector en el desarrollo del negocio son las limitaciones, y Monge destacó que «en ciudades como Barcelona hay moratorias en la concesión de licencias de restauración«.
Además, resaltó que hay limitaciones de aforo en algunos locales «que no se explican y que pueden condicionar la rentabilidad del espacio que se decida implantar». Según Monge, «en función de las diferentes tipologías de locales, podemos enfrentarnos a multas o, incluso, al cese de la actividad».
La normativa sobre protección de edificios afecta a las fachadas, que son elementos de restauración obligatoria. Por ello, si se va a implantar una actividad comercial en un local situado en un inmueble protegido, cualquier modificación estética debe ser aprobada por Patrimonio. Además, existe una regulación sobre ruidos, que clasifica las zonas de las ciudades como de Protección Acústica (ZPA) y de Protección Acústica Especial (ZPAE).
Rodrigo de Bergia, Director de Gestión de Activos de Mercado de San Miguel, señaló al respecto que esta «densidad» regulatoria «obliga a descartar muchos locales por cuestiones burocráticas».
Fernando Nicolás, Cofundador y Presidente de Grupo Larrumba, fue más allá y resaltó que esta falta de unidad regulatoria a nivel regional y local «está alterando las reglas de desarrollo y el libre mercado». «En zonas como el barrio de Malasaña, en Madrid, siempre ha habido y habrá ruido», detalló Nicolás.
Ignacio Acha, Socio y Director de Retail High Streets de Cushman & Wakefield en Madrid, incidió en que «tantas limitaciones urbanísticas no facilitan el desarrollo de una actividad económica. Más bien, todo lo contrario».
«La Ley no está correlacionada con la actividad económica», resaltó Acha. Cristina Pérez de Zabalza, Socia y Directora de Retail Leasing de Cushman & Wakefield, lamentó en este sentido que «el mundo del Food & Beverage evoluciona y crece, pero la normativa parece que no».
Monge también lamentó la arbitrariedad en la aplicación de la normativa al destacar que «las trabas administrativas son interpretativas, en función de lo que decida el técnico». «La claridad regulatoria nos permitiría un mayor nivel de crecimiento y desarrollo», destacó el responsable de Project & Development Services de Cushman & Wakefield.
