La Comunidad Autónoma de Murcia impulsa la estrategia regional para luchar contra los desahucios y los lanzamientos de vivienda para facilitar la detección temprana de las familias que se encuentran en situación de riesgo de abandonar su única vivienda tanto por impago de la hipoteca como del alquiler.
Ese es el objetivo del convenio firmado entre el Gobierno regional y el Consejo General del Poder Judicial, que aumenta la colaboración para activar el protocolo de intervención, además de todos los recursos dependientes de la Administración autonómica para atender a la familia afectada por un procedimiento judicial sobre la vivienda habitual.
Además, se podrán extraer los datos estadísticos referentes a desahucios de la vivienda habitual por impago de hipoteca o de rentas de alquiler en la Región de Murcia.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, presidieron la primera reunión del grupo de trabajo del convenio, que permitirá, según subrayó Valverde, «ser capaces de anticiparnos y detectar de manera temprana la situación de personas en riesgo de desahucio y actuar desde el primer minuto para dar solución al lanzamiento de la vivienda por alquiler».
El consejero recordó que la legislación suspendió los lanzamientos sobre viviendas habituales de las familias que por dificultades económicas no pueden hacer frente al pago de su hipoteca e hizo especial hincapié en «dar solución a las personas afectadas por el impago de las rentas de alquiler».
Valverde señaló que «es fundamental poder obtener los datos de las familias afectadas antes del lanzamiento para ofrecerles toda la ayuda posible por parte del Gobierno regional».
Este convenio establece un canal de comunicación directo y ágil por el cual el TSJ traslada al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria de la Región de Murcia los datos de aquellas familias, previo consentimiento, que puedan verse afectadas por un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria o de alquiler.
Con esta información, la Comunidad se podrá poner en contacto con las familias afectadas para ofrecerles un servicio gratuito de información y asesoramiento jurídico, financiero y técnico y de mediación con las entidades de crédito o en su caso arrendadores.
Las familias también podrán ser beneficiarias de las ayudas que concede la Comunidad, a través de las organizaciones sin ánimo de lucro Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado, para ayudarles a pagar el alquiler de sus viviendas, y también de una ayuda de 400 euros mensuales durante tres años para financiar el alquiler social de una vivienda.
Igualmente, la Comunidad cuenta con una red de 3.000 viviendas públicas a disposición de las familias que más lo necesitan en régimen de alquiler y que son asignadas por los propios ayuntamientos.
En el marco de este acuerdo también se celebrarán unas jornadas de formación y difusión del servicio y de coordinación a los funcionarios de la Administración de Justicia y profesionales de los 11 partidos judiciales de la Región «para que podamos ayudar a todas las familias que necesiten de asesoramiento jurídico y económico», concluyó Valverde.
