La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a la Generalitat de Cataluña que apruebe definitivamente la medida que obliga los promotores a destinar a vivienda de protección pública un 30% de los pisos nuevos que construyan. En rueda de prensa y acompañada de la teniente de alcaldía Janet Sanz, lo ha dicho después de aplazarse la reunión de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, órgano dependiente de la Generalitat, donde se tenía que dar el último visto bueno técnico al texto para que entrara en vigor.
La medida, una Modificación de Plano general Metropolitano (MPGM), se aprobó provisionalmente -el último trámite municipal- al plenario municipal del mes de septiembre y estaba a la espera de ver la luz verde definitiva.
No obstante, la alcaldesa ha explicado que en las últimas horas el Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha hecho llegar dudas sobre el texto y ha planteado cambios, hecho que ha sorprendido tanto al Gobierno municipal como las entidades sociales promotoras de la herramienta.
«No entendemos qué está pasando ni cuál es el mensaje de la Generalitat con este retraso y con la propuesta de rebaja del texto. No nos parece ni asumible ni planteable», ha afirmado la alcaldesa, que ha recordado que la MPGM ha salido adelante en el Ayuntamiento con todos los avales jurídicos y económicos pertinentes y con un consenso amplio que incluye los partidos del Gobierno catalán. «Es inaceptable», ha insistido Colau.
Por eso, ha instado el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, a celebrar una reunión inmediata en nivel político en el Ayuntamiento en los próximos días. Y ha marcado como fecha tope para aprobar la medida el 5 de diciembre, cuando está prevista la próxima reunión de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona.
«No queremos un 30% formal; lo queremos real porque queremos que el vecindario se pueda quedar a vivir en la ciudad y no sea expulsado por culpa de la especulación», ha arreciado la alcaldesa. Por eso, ha insistido que hace falta superar cuanto antes mejor el último trámite técnico porque el MGPM entre en vigor. «La Subcomisión no es un lugar para opinar sobre la medida sino para validar definitivamente un texto que ha pasado todos los trámites», ha remachado.
Para poner de manifiesto la urgencia de este último visto bueno, Colau ha explicado que desde la aprobación provisional del texto al plenario, el Ayuntamiento ha recibido 234 solicitudes de licencia de obra mayor y 157 certificados de aprovechamiento urbanístico, un documento previo a pedir una licencia. «Sólo el retraso de la aprobación ya está perjudicando la ciudad. Son ocasiones perdidas para aplicar el 30% y no nos lo podemos permitir», ha señalado.
El aplazamiento de la aprobación se ha producido sólo días después de que la Generalitat anunciara su intención de recortar en 3 millones de euros su aportación en vivienda en Barcelona. «Evidentemente protestamos a todos los niveles, y afortunadamente ha sido rectificado. Esperamos que ahora haya la misma rectificación», ha reclamado Colau.
