La Junta de Andalucía ha adquirido dos promociones de viviendas en aplicación de la Ley de Tanteo para evitar el desahucio de 58 familias con recursos limitados y residentes en el municipio sevillano de Santiponce, que corrían el riesgo de caer en manos de un fondo de inversión al encontrarse la sociedad promotora municipal de estos inmuebles en concurso de acreedores tras su quiebra.
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se ha reunido con la alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova, a la que ha explicado los detalles y términos de esta operación de compra que tendrá un coste de 780.000 euros para la Administración autonómica.
Los 32 y 26 inmuebles de las respectivas promociones pasarán a formar parte a partir de ahora del parque público de vivienda de la Junta, que cuenta con más de 50.000 viviendas en alquiler en toda Andalucía destinadas a familias con dificultades y escasos recursos.
El consejero ha puesto de relieve que «esta iniciativa es una prueba clara del carácter social de las políticas de vivienda impulsadas por la Junta que propone soluciones efectivas, realistas y responsables a problemas como el de estas promociones».
Además, ha resaltado el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz en la lucha contra los desahucios en los últimos años en los que se ha dotado de herramientas legales para actuar y evitar este tipo de situaciones, como es el caso de la Ley de Tanteo y Retracto aprobada en esta legislatura que ha ampliado a la vivienda libre la facultad de la Junta de adquirirla de forma preferente en caso de riesgo de desahucio.
La Junta ha depositado en la notaría los 780.000 euros de esta adquisición, que es el importe por el que habían sido adjudicadas las viviendas a la mejor oferta dentro de la subasta promovida por el administrador judicial en el concurso de acreedores. La intervención del Gobierno andaluz se produce justo antes de que el fondo de inversión se haga con la propiedad de estos inmuebles.
López ha destacado que «con esta iniciativa se va a evitar que estas viviendas pasen a un fondo de inversión, que no es una ONG ni tiene interés en velar por la protección de las familias residentes y que vendría a especular y podría subir el alquiler a las familias para terminar desahuciándolas, y eso se va a evitar gracias a la aplicación de la Ley de Tanteo que nos permite actuar ante estas situaciones en favor de las personas con más dificultades».
López ha subrayado que «las políticas sociales de vivienda de la Junta y su posición seria y responsable en esta materia contrastan con la especulación que promueve el PP, con al venta de viviendas protegidas a fondos buitre como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid».
