El conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, destacó, durante la firma del protocolo de colaboración de la Xunta y las empresas comercializadoras de energía eléctrica de referencia -Iberdrola, EDP, Endesa Energía XXI, CHC, Viesgo y Gas&Power-, que este acuerdo protegerá a los consumidores más vulnerables garantizando su acceso continuado a los servicio. Este protocolo tiene como objetivo establecer las actuaciones que desarrollarán para evitar los cortes de suministro.
Con este acuerdo y la puesta en marcha de la orden de ayudas de la Xunta, Galicia se convierte en la primera Comunidad en dar respuesta a la posibilidad que el Real Decreto que regula el nuevo bono social ofrecía a las administraciones autonómicas para cooperar en la financiación de las facturas eléctricas de los consumidores más desfavorecidos. «Esta medida que ponen en marcha el Gobierno gallego, y que es pionera, responde a la colaboración institucional de la Xunta con el Estado y con las comercializadoras, ya que para ponerla en marcha nos coordinamos tanto con el Ministerio como con la CNMC», informó.
Tal y como explicó el conselleiro, estos apoyos -cuyo plazo de presentación se abrió el pasado 5 de julio y que se mantendrá activo hasta el 15 de diciembre, con la previsión de continuar con esta orden de ayudas en 2019- cuentan con un presupuesto de 1,2 millones de euros, que se ampliará si es necesario. De este modo, la Xunta cubre el 50% de la factura eléctrica de los beneficiarios hasta un máximo de 200 o 450 euros anuales, en el caso de las familias numerosas.
Estas ayudas complementan el bono social pactado entre el Estado y las empresas comercializadoras para que los beneficiarios no tengan que pagar sus facturas eléctricas y, además, garantizan un acceso continuado a la electricidad en los hogares más desfavorecidos, ya que el protocolo contempla el compromiso de las empresas para no suspender el servicio a las personas que reciban estos apoyos de la Xunta.
Los requisitos para acceder la esta ayuda, de concurrencia no competitiva, son ser residente en Galicia y titular de un contrato, tener contratada la tarifa de último recurso con aplicación del bono social eléctrico del 40% del Estado, y estar en riesgo de exclusión social, punto que deberá ser acreditado mediante certificado o informe de los servicios sociales.
Conde destacó la voluntad del Gobierno gallego por dar las mayores facilidades posibles a los interesados y, por eso, las solicitudes pueden presentarse tanto de manera presencial como telemático, en un procedimiento ágil en el que el plazo máximo para resolver será de un mes desde la presentación de la solicitud. Los pagos se realizarán todos los meses desde la Xunta a las comercalizadoras.
El conselleiro señaló la buena disposición de las seis empresas firmantes a la hora de firmar este protocolo que busca dar una solución a las familias desfavorecidas para que no se vean privadas de una necesidad tan básica como la energía eléctrica en los hogares e insistió en la importancia de la cooperación y colaboración entre administraciones y empresas para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
