La Xunta de Galicia y el Consejo de la Abogacía han renovado su colaboración, que incorporará un número 900 para facilitar la prestación de asesoramiento jurídico gratuito, con a las personas sin recursos en riesgo de perder su vivienda.
La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, junto con el director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García, firmaba con el presidente del Consejo de la Abogacía Gallega, Félix Mondelo, la renovación por tercer año de este convenio que permite continuar prestando orientación jurídica gratis en casos de procedimientos de ejecuciones hipotecarias, por el impago de la renta de alquiler o cualquier otra causa sobrevenida.
Este convenio apuesta por potenciar el uso de las nuevas tecnologías a través de un formulario web para consultas sencillas, que será respondido por correo electrónico por el letrado de guardia, en un tiempo máximo de 48 horas.
Vázquez Mourelle indicó que se constituirá una comisión técnica intercolegial de letrados -expertos en materia de vivienda y de desahucios-, que elaborará una memoria anual que será remitida al Gobierno gallego para comprobar la eficacia de las medidas establecidas, en el marco de las iniciativas de transparencia y difusión del Observatorio de la Vivienda activado este año.
La Xunta destina una aportación de más de 50.000 euros a este convenio, enmarcado en las 12 medidas que activó para luchar contra los desahucios, y se compromete a prestar asistencia y apoyo técnica a los colegios de abogados en el desarrollo de sus funciones para seguir sumando esfuerzos y poniendo medios para evitar, dentro de lo posible, estos casos.
En virtud del convenio, el Consejo de la Abogacía Gallega también se compromete a reforzar y apostar de modo preferente por la mediación arbitral para la posible resolución de controversias entre arrendadores y arrendatarios, un procedimiento mucho más sencillo que permite evitar la vía judicial.
Además, contribuirá a difundir y a dar a conocer las medidas aprobadas por la Xunta que están pensadas, precisamente, para dar cobertura y ofrecer soluciones a las familias en riesgo de perder su vivienda.
