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El sector hostelero español teme que las nuevas normativas de las administraciones afecten a su actividad de negocio

El sector hostelero teme por sus negocios ante las nuevas políticas de ruidos consideradas «restrictivas» que han adoptado o se plantean adoptar algunos ayuntamientos. Una preocupación que ha hecho que la patronal murciana Hostemur lleve meses organizando acciones de protesta contra el borrador del Ayuntamiento de Murcia, que delimita tres zonas de especial protección en el centro de la ciudad en las que no se permitirán nuevas licencias, se obligará a reducir el horario de las terrazas y a cerrar más temprano los veladores, una norma calificada como «el persianazo».

El pasado sábado, más de 270 establecimientos de esta ciudad se unieron en una jornada de cierre voluntario impulsada por Hostemur para reclamar a las autoridades locales que «abandonen su autoritarismo, tengan mayor respeto por los vecinos y trabajadores y que busquen una regulación consensuada del sector, de manera que se fomente un modelo de ciudad que satisfaga a todos sin poner en peligro el futuro de la localidad». Fue una acción altamente simbólica que se hizo para visibilizar cómo sería la ciudad sin la contribución que hacen diariamente estos bares, cafeterías, restaurantes, locales de copas y discotecas. El resultado fue: más de 2.000.000 de pérdidas en un solo día, miles de clientes desatendidos y dos mil trabajadores en riesgo de perder sus empleos. Todo ello como resultado de una mala política administrativa.

Los hosteleros de otras provincias españolas temen, asimismo, que las administraciones adopten normativas que perjudiquen al futuro de sus negocios, como es el caso de Logroño, siendo La Rioja la Comunidad autónoma que más hostelería y restauración ha perdido, con datos negativos al cierre de 2017, o la ciudad de Valencia, donde podría repetirse una situación como la de Murcia, según la apreciación de Hostemur.

En el caso de Murcia, el detonante ha sido, según la patronal, «la creación de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), el último de los desmanes municipales que ha acabado con la paciencia de los hosteleros. Hemos tenido que llegar a una situación así para manifestar de una forma contundente que el Ayuntamiento tiene que cambiar sus formas», explica el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez.

La patronal denuncia que los mapas de ruido para crear las ZPAE se han elaborado en base a un informe que presenta errores e irregularidades y solicita su anulación, ya que además, para su aprobación, se ha ignorado por completo al Consejo Sectorial del Ruido. «Esos mapas hay que hacerlos bien, con herramientas adecuadas. Debemos sentarnos todas las partes implicadas y con la aportación y el sacrificio de todos definir qué Murcia queremos, donde el descanso de los vecinos sea compatible con la hostelería que hace única nuestra ciudad, siempre desde la legalidad», apunta Jiménez, que recuerda que los hosteleros siempre se han visto como parte de la solución del problema.

Numerosos problemas

Pero el sector no se queja solo de las ZPAE, ya que son muchos problemas los que llevan arrastrando desde hace años y muy pocas las soluciones negociadas que ha aplicado el Ayuntamiento. Hostemur solicita -todo ello tramitado por el Consejo Sectorial del Ruido- la actualización de las ordenanzas municipales que les permita trabajar en un marco jurídico estable e igualitario para todas las zonas de la ciudad, con un modelo de terraza unificado y útil.

Además, reclama la agilización de las licencias para las mismas, el establecimiento de criterios no restrictivos para calcular el aforo de los locales, la eliminación de las limitaciones injustificadas para ejercer la hostelería en calles de menos de 7 metros…etcétera. «Hay un gran bloqueo en el Ayuntamiento, con muchos expedientes paralizados, con diversos criterios para la interpretación de las normas», se queja el presidente de Hostemur, que destaca que se ha conseguido «unir al sector para decir ‘¡basta ya!’ y reclamar un marco jurídico legal, viable y estable que nos asegure un futuro para poder trabajar con dignidad y dentro de la legalidad».

«Es un gran sacrificio y el coste económico es muy importante para los empresarios que participan, que por supuesto pagarán el salario de todos sus empleados, pero nos hemos visto obligados a ello para hacer oír nuestra reivindicación de un futuro en el que trabajar con tranquilidad, seguridad jurídica y dignidad», concluye el presidente de la patronal.

España es un país con un alto porcentaje de empleados en el sector servicios, que vive en gran parte de negocios de hostelería. Este sector cerró 2017 con un crecimiento medio del 5% en cifras de negocio y con 277.539 bares y restaurantes en territorio nacional.

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