El 4 de diciembre de 2017 entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2013 que obliga a que todos los edificios residenciales sean a accesibles a personas con discapacidad. No obstante, según calcula el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid)el 60% de los edificios de la Comunidad de Madrid no habrían ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas: instalación de ascensor, rampas y dispositivos electrónicos o mecánicos que favorecen la orientación o comunicación con el exterior. La crisis económica sufrida durante los últimos años y la fuerte caída en número y cuantía de las subvenciones destinadas a esta tarea, así como el insufrible retraso en su tramitación, estarían en la base del incumplimiento.
Conscientes de esta situación, durante las últimas semanas la presidenta del CAFMadrid, Manuela Julia Martínez, junto con otros miembros de la junta directiva del colegio, han mantenido numerosos encuentros informativos y sesiones de trabajo con los máximos responsables de vivienda de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, la Federación Madrileña de Municipios, así como diversos grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. A todos se les ha trasladado que las subvenciones destinadas a este tema o son muy escasas, o llegan muy tarde. Desde el colegio se ha insistido en que se extreme la agilidad en este trámite y que las subvenciones pueden tener una continuidad ininterrumpida en el tiempo hasta que se vea cumplido el objetivo del Decreto Legislativo que exige que todo edificio debe estar adaptado para el acceso de personas con discapacidad.
«Aunque los administradores de fincas» -informa Manuela Julia Martínez, presidenta del CAFMadrid-«estamos trabajando desde hace años para garantizar la accesibilidad de las viviendas, existen una serie de dificultades para producir los cambios necesarios en no pocas comunidades de propietarios».
«Para empezar» – destaca la presidenta- «las comunidades, en general, no disponen de recursos para la ejecución de las obras necesarias». En este sentido, las tasas e impuestos, el coste de las instalaciones, así como los gastos generados para la presentación de la documentación técnica, dificultan que los vecinos tomen una decisión satisfactoria.
En segundo lugar, el retraso en la concesión de licencias por obras por parte de las administraciones madrileñas, en torno a siete u ocho meses, «hacen interminables este tipo de ejecuciones y comprometen, incluso, los plazos para la obtención de subvenciones autonómicas o estatales», recuerda Martínez.
Los últimos programas de ayudas convocados por el Ayuntamiento de Madrid (Plan Mad-Re), que pueden cubrir un buen porcentaje de los costes por obras destinadas a la accesibilidad, «tampoco garantizan la supresión de barreras, puesto que siempre surge la incertidumbre de no saber si éstas van a ser concedidas, y posteriormente abonadas».
La revalorización catastral a que tendrán que hacer frente los propietarios de viviendas en donde se ha instalado un ascensor, y que se traduce en un incremento del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), es otro de los escollos que han observado los administradores.
Para hacer efectiva la accesibilidad en la totalidad de los edificios, desde el CAFMadrid se considera que las Administraciones deben coordinar sus estrategias y enfocarlas hacia la reducción de impuestos. Proponen, por ejemplo, financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10 al 7%.
También, solicitan a los distintos organismos públicos estudiar nuevas fórmulas de financiación y convenios con bancos que posibilite el necesario impulso para la instalación de ascensores, vía créditos blandos a muy bajo tipo de interés.
CAFMadrid realizó en el mes de octubre pasado una encuesta entre sus colegiados sobre la gestión y trámite de subvenciones y ayudas para atender el objetivo de unos edificios residenciales adecuados para el acceso de personas con discapacidad. Respondieron 210 administradores, lo que da a esta muestra valor estadístico. Lo más llamativo es que la mayoría de los encuestados manifiestan que las distintas subvenciones tardan en tramitarse más de un año. Adjuntamos los cuadros más expresivos de la misma.
