La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de Canarias ha iniciado la tramitación del proyecto de decreto de protección de la atmósfera de Canarias. Esta iniciativa legislativa abordará, entre otros aspectos, los niveles de emisión, la prevención de contaminación atmosférica, las condiciones técnicas de los focos canalizados, el control de las instalaciones, la evaluación registro e información de las emisiones a la atmósfera y la inspección ambiental.
La norma regulará los aspectos necesarios para adecuar la aplicación en Canarias de la normativa estatal en materia de protección de la atmósfera. Pero, la iniciativa del Gobierno de Canarias pretende también completar algunos aspectos no contemplados en la legislación estatal que tengan en cuenta las singularidades geográficas del Archipiélago, sus especiales condiciones climáticas, la dispersión de las explotaciones y su generalizada cercanía a núcleos urbanos.
Este proyecto contempla, además, la regulación de la contaminación por olor, situando a Canarias como la primera Comunidad Autónoma española en abordar normativamente este problema cada vez más preocupante para la población.
La contaminación por olor, debido a sus peculiaridades, requiere establecer una metodología de evaluación diferenciada y unas referencias en materia de objetivos de calidad del aire por olor con la finalidad de concretar las obligaciones de prevención y control de las emisiones de los contaminantes que lo provocan.
Este proyecto de decreto permitirá actualizar el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, donde se incorporaran cuestiones que se estiman necesarias para alcanzar unos niveles de protección ambiental adecuados, además de otras relacionadas con el acercamiento y facilitación a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Hasta ahora, la Ley estatal 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, regula con carácter básico los aspectos relacionado con la denominada Autorización de Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera (APCA) a otorgar por las Comunidades Autónomas, a las que están sometidas una serie de actividades potencialmente contaminadoras, junto a otro grupo sujetas al régimen de notificación.
Sin embargo, en Canarias no existe una regulación autonómica propia que desarrolle los preceptos de esta normativa básica estatal. Esto supone que muchas empresas obligadas a tramitar estos procedimientos de autorización o notificación para sus instalaciones en las Islas estén sufriendo retrasos en su obtención, debido a la falta de apoyo normativo de carácter técnico para las unidades especialistas de la Dirección General de Protección a la Naturaleza, que actualmente es el órgano competente para su tramitación.
Esta ausencia normativa propia impide, a su vez, el dictado de instrucciones técnicas adecuadas de desarrollo dirigidas a sectores concretos de actividad que tengan en cuenta las singularidades del Archipiélago, relacionadas con la realidad de un territorio fragmentado y limitado.
La iniciativa está en fase de consulta pública hasta el 24 de noviembre. Es la primera atapa antes de la elaboración del borrador del decreto, en el que se tendrán en cuenta las sugerencias recogidas. Posteriormente, sobre el borrador se pedirán los informes correspondientes a las demás administraciones y se abrirá plazo de participación ciudadana a través de las alegaciones.
