El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, y la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Ana Isabel Baltar Martín, han suscrito un convenio de colaboración para la protección de las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y otros procedimientos de desahucio.
El consejero explicó que el objetivo de la Junta de Extremadura es que los desahucios sean «cero» para aquellas personas que no puedan pagar, para lo cual se han adoptado hasta ahora medidas como la creación de una mesa con entidades financieras que ha permitido llegar a acuerdos con ellas, y también se han adoptado medidas para evitar la exclusión social, como la Renta básica de inserción o el Plan de Empleo Social, que han permitido que disminuyan las cifras de desahucios.
Otra de las medidas puestas en marcha fue la creación del Servicio de intermediación bancaria, dependiente del Instituto de Consumo, según explicó Vergeles, quien destacó que Extremadura ha pasado de ser la región donde más crecieron los desahucios en el segundo trimestre de 2015, a ser, en el segundo trimestre de 2017, la tercera comunidad autónoma donde más ha disminuido el porcentaje de desahucios por ejecuciones hipotecarias, con un descenso entre ambas provincias extremeñas del 42,9 por ciento.
El convenio suscrito hoy permite actuar en la fase previa al proceso de desahucio de forma «proactiva», según explicó Vergeles, y con total confidencialidad para los afectados, haciendo que la Junta de Extremadura pueda acceder a datos que le permitirán mediar para que esas personas no pierdan su vivienda.
Ana Isabel Baltar manifestó a su vez que es posible evitar los desahucios y explicó que el convenio permitirá que se facilite a la Junta la información sobre las viviendas que estén inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria por localidades, para que ésta pueda intermediar y evitar el desahucio, al tiempo que se dedica un apartado al alquiler social de viviendas.
Con este acuerdo se pretende acotar la colaboración entre la Administración autonómica y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, cada una dentro de su ámbito material de competencias en el proceso de ejecución hipotecaria.
Permitirá facilitar a la Junta de Extremadura la información necesaria, de forma más precisa y disgregada, para la búsqueda y adopción de medidas de apoyo al deudor hipotecario de una vivienda habitual, en ejercicio de las funciones estadísticas y de análisis del mercado inmobiliario que ostenta ésta, a través de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, así como servir de instrumento para la difusión de medidas de asesoramiento e información.
A los efectos de cumplimiento del objeto del convenio, el Colegio, con independencia de la información estadística sobre fincas, derechos y titulares, facilitará a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con una periodicidad mensual, información relativa al número de viviendas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre cuya inscripción de hipoteca se ha efectuado nota marginal de que se ha expedido certificación de dominio y cargas que expresa la fecha y existencia del procedimiento de ejecución hipotecaria, diferenciadas por la localidad en que se encuentren.
El Colegio de Registradores de la Propiedad también colaborará con el Instituto de Consumo de Extremadura en la tramitación de la inscripción de las resoluciones del órgano directivo con competencias en materia de vivienda de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales por la que se acuerda incluir en el Registro administrativo que se cree al efecto, de las cesiones de uso de viviendas para ser destinadas a alquiler social que se realicen a la Junta de Extremadura
