Sonrisa de oreja a oreja la que se les han puesto a los integrantes de la familia Cort Lagos, originarios dueños de la mayoría de los terrenos de Valdebebas, el nuevo barrio que se está desarrollando al este de Madrid. La Audiencia de Madrid ha declarada prescrita la reclamación de fraude fiscal de la Agencia Tributaria por importe de 112 millones de euros. Solo tendrán que afrontar el pago de poco más de un millón de euros por lo reclamado del ejercicio 2010.
Y todo por una dejación judicial. La de la jueza a la que le cayó el caso, que no admitió a trámite inmediatamente la querella de la Abogacía del Estado, sino que planteó una cuestión de competencia para ver qué juzgado se quedaba el caso. Cuando tres meses y medio después abrió las diligencias, ya estaba prescrito el primer ejercicio, el más importante
El 15 de junio de 2015, la Abogacía del Estado se querelló contra Elena, Maria Lorena, Luis y Cristina Cort Lagos por delito fiscal y contra cinco de sus sociedades por fraude en los ejercicios 2009 y 2010. El 30 de junio de 2015 prescribía el delito de 2009 (el plazo son cinco años y el delito de ese año se comete en junio de 2010, al presentar la declaración de IRPF), por lo que había prisa. En 2008, el Constitucional falló en el caso de los Albertos que la interposición de una querella no suspende el cómputo del plazo. Este plazo solo deja de correr cuando el juzgado admite a trámite la querella.
Según el Fisco, los Cort Lagos habían procedido a la división de un importante patrimonio común, del que eran cotitulares a partes iguales a través de las participaciones en las mercantiles referidas en la querella, así como que la ejecución de dicha decisión se llevó a cabo con el otorgamiento de 43 escrituras públicas en un mismo día -el 7 de diciembre de 2009-, que reflejaban un entramado de complejas operaciones, diseñadas para llevar a cabo la división eludiendo así el pago de tributos.
La querella llegó al juzgado de instrucción 1 de Alcobendas, localidad del norte de Madrid donde tienen la sede las empresas, el 24 de junio de 2015, pero la magistrada dispuso que, con carácter previo a la admisión de la querella, se diese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre la competencia de este juzgado para la instrucción de los hechos denunciados. El juzgado planteaba dudas sobre si era competente para investigar el posible delito fiscal.
El 24 de julio de 2015, el juzgado se inhibió en favor de los juzgados de Madrid, pero el plazo de prescripción seguía sin interrumpirse durante estos trámites. Al final, el 15 de septiembre, el caso llegó al Juzgado de Instrucción 18 de Madrid, que, esta vez sí, abrió diligencias y lo remitió inmediatamente de nuevo a Alcobendas. Se abrió en octubre de 2015. Ya era demasiado tarde para regocijo de los defraudadores al Fisco.
