El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha planteado a la Secretaría de Estado de Hacienda establecer una normativa fiscal que defina los requisitos de alquiler para las viviendas de uso turístico, «lo que evitaría la inseguridad jurídica actual y ayudaría a la tributación por los rendimientos realmente percibidos».
En un comunicado, el Defensor del Pueblo asegura que de no dictarse directrices claras, esta actividad quedará únicamente en manos de empresarios e intermediarios, perjudicando así a los propietarios particulares que quieren alquiler su vivienda.
Fernández Marugán no ve lógico que «la imposición de unos requisitos desproporcionados deje a los ciudadanos fuera de este mercado», y señala que esto afectaría a su derecho de propiedad, o que los rendimientos por alquiler temporal acaben obteniéndose de forma opaca y sin tributar por ellos.
La institución asegura haber recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por las normas aprobadas por algunas comunidades autónomas para regular la actividad del alquiler de viviendas de uso turístico.
Para el Defensor del Pueblo, estas normas imponen el cumplimiento de unos requisitos, como el alta en Seguridad Social y en un censo tributario, que en la práctica, impiden a los particulares alquilar sus viviendas.
«El núcleo de la cuestión radica en que este mercado ha experimentado un cambio muy grande y muy rápido», señala Fernández Marugán. Hasta fechas recientes, las viviendas alquiladas con fines turísticos por particulares solo encontraban inquilinos de forma local y ocasional, pero gracias a Internet esto ha cambiado y se ha extendido, añade la institución.
