El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado la aprobación definitiva en el Consello da Xunta del proyecto de la primera Ley de Puertos de Galicia, un texto que se remite al Parlamento para que comience su tramitación y que permitirá mejorar las infraestructuras y los servicios de los 122 muelles dependientes de la Administración gallega.
Durante la rueda de prensa del Consello, Feijóo destacó que este documento permitirá adaptar la ley estatal a las diversas particularidades de los puertos de competencia de la Xunta, y que no tiene en cuenta a legislación nacional actual, así como prepararnos ante los retos que están experimentando los puertos, como la progresiva apertura de los puertos a distintos inversores.
En un primer término, el responsable del Gobierno gallego destacó la voluntad de consenso con la que nace esta normativa, con el objetivo de que sea lo más representativa posible. Así, este texto contiene aportaciones recogidas en una jornada de puesta en común sobre las directrices que deben regir esta futura normativa, a la que asistieron más de un centenar de representantes de la comunidad portuaria -del sector profesional, del empresarial y comercial y de la náutica recreativa-.
Entre otros objetivos, el proyecto de ley busca agilizar los trámites en las concesiones para darle mayores garantías a los inversores y así dar un papel decisivo a la participación de los emprendedores en la actividad portuaria del presente y el futuro. Con este objetivo, se simplifica el acceso para la prestación de servicios públicos a través de las concesiones, con la previsión de que el procedimiento pase de los 4 meses actuales a 30 días.
En esta misma línea, el documento contempla también la ampliación del plazo de las concesiones, que pasarán de 30 a 50 años. La noticia normativa ahonda además en la transparencia en el procedimiento de concesión de servicios públicos portuarios, al recuperar el trámite de competencia de proyectos de solicitudes de concesiones.
La futura ley también agilizará la retirada de buques abandonados y la de vehículos y otros objetos en terreno portuario. Al respeto, considerará buques abandonados a aquellos que permanezcan durante más de seis meses atracados, amarrados, anclados o depositados en seco en el mismo lugar dentro del puerto, sin actividad apreciable, y sin tener abonado las tasas correspondientes.
Y, en el caso de vehículos, maquinaria y objetos en general, Puertos de Galicia también podrá declararlos en situación de abandono siempre que permanezcan en el ámbito del dominio público portuario por un período superior a un mes, en el mismo lugar y presenten condiciones que permitan presumir racionalmente la situación de abandono.
Sobre la agilización de los plazos de autorizaciones de atraque, Feijóo subrayó que el nuevo documento abrirá un plazo de presentación de solicitudes que no será superior a 15 días hábiles. Asimismo, tras la adjudicación, en caso de que no habían sido suficientes las plazas, habrá una lista de espera para cada uno de los puertos e instalaciones de titularidad autonómica.
El texto prevé además la figura de planes directores de infraestructuras de los puertos para planificar la dotación de proyectos de obras y de instalaciones durante un horizonte temporal de un mínimo de 5 años. Con estos documentos se analizarán las situaciones actuales de los puertos, estructura del tráfico y de las actividades portuarias y sus necesidades de desarrollo, entre otras cuestiones.
En relación a la creación de los planes especiales que recogen el sistema de cada porto y las actividades que se pueden desarrollar en él, Feijóo subrayó que estos incluirán las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario y su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre.
Después de subrayar que se reforzará también la figura del «guardapuertos» al atribuirle carácter de agente de autoridad, el presidente de la Xunta destacó que, en materia de prevención y lucha contra la contaminación, el proyecto de ley recogerá la prohibición en el dominio público portuario de cualquier tipo de vertido contaminante, sólido, líquido o gaseoso y el deber de que los responsables de los vertidos procedan a la plena regeneración de las aguas.
