La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del Plan Especial aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 20 de octubre de 2014 que preveía la construcción de 1.200 viviendas en tres parcelas del parque de Valdebebas en las que inicialmente se había planeado la ubicación de un centro comercial.
El Supremo rechaza los recursos tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Junta de Compensación Parque de Valdebebas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el citado acuerdo municipal de 2014 al estimar parcialmente el recurso de la Asociación para la Promoción del Urbanismo Responsable.
El motivo de la anulación del Plan es que no se justificó por el Ayuntamiento. El Supremo, de acuerdo con el TSJ de Madrid, destaca que la Memoria del Plan explica el por qué ya no resultaba viable el destino terciario/comercial previsto en el Plan General para las parcelas expresadas, «pero desconocemos qué razones existen para reconducir la situación hacía un incremento poblacional, que, como hemos expuesto, se produce en un entorno -vinculado a la infraestructura aeroportuaria del Aeropuerto de Barajas- y que, en consecuencia, podría ser un entorno poco proclive a tal incremento poblacional».
La sentencia subraya que «lo realmente significativo es la ausencia de motivación de tal aumento (de viviendas) -respecto de lo que antes era un uso comercial-, teniendo, sobre todo, en cuenta la vinculación, a este destino, de la infraestructura aeroportuaria».
El fallo conocido afecta a una parte muy concreta del ámbito, tal y como se aprecia en el gráfico superior y que comprende una superficie de unos 150.000 metros cuadrados Una zona que incluye cerca de 900 viviendas protegidas y 100 viviendas libres, una gran centro comercial y un colegio privado. Una parte importante dentro de las 12.000 viviendas ya construidas, en construcción o proyectadas en todo el desarrollo.
Los grandes damnificados por esta sentencia tienen nombres y apellidos y son los propietarios de suelo en esa zona. El principal propietarios es la inmobiliaria Pryconsa que, a finales de 2015, compró 14 parcelas en manos de la Junta de Compensación por 56,7 millones de euros. Premier España es otra de las promotoras afectadas y que también compró a la Junta una parcela para construir vivienda libre.
También hay 65 cooperativistas afectados. Se trata de la cooperativa que gestiona Esta Gestión, que se adjudicó una parcela para la construcción de vivienda protegida tras concurrir a la subasta de dos parcelas en manos de la Junta de Compensación. El último afectado es el colegio privado Joyfe, que a finales de 2015 firmó la compraventa de otro solar a la Junta. El centro educativo tenía planificado comenzar a impartir clases en septiembre de 2017.
