La primera revisión del catastro desde el 2002 corrige desajustes existentes en los valores de los inmuebles de la ciudad y posibilita una fiscalidad más justa y equitativa en el territorio.
En general, hay un incremento global de los valores del 19%, que se aplicará gradualmente durante los próximos diez años al IBI, pero la actualización no tendrá ningún efecto sobre el 96,4% de los recibos de uso residencial, que no subirán ni 1 euro en el 2018.
El primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, ha aclarado que esta revisión sirve para que la fotografía de los valores de los inmuebles sea más realista y ajustada: «No hay un afán recaudatorio», ha asegurado, «sino que pretendemos reequilibrar lo que paga cada ciudadano de acuerdo con una política fiscal que tiene que ser equitativa y progresiva, y no penalizadora para las personas que lo han pasado peor».
Al margen de un impacto mínimo de la nueva Ponencia de Valores Catastrales en el IBI sobre la práctica mayoría de los hogares, la revisión ha permitido reajustar unos valores a la realidad actual después de un periodo de dieciséis años en el que ha habido una burbuja inmobiliaria que ha estallado.
De hecho, el 47 % de los inmuebles estaban sobrevalorados, especialmente en los barrios más vulnerables, con el impacto consecuente que eso tenía en el pago de impuestos y posibles plusvalías por transmisiones.
Según los usos, baja de valor el 24% de los inmuebles residenciales, el 69% de los comercios, un 64% de las oficinas o el 89% de los aparcamientos.
El incremento global del 19% del valor de los inmuebles se aplicará gradualmente durante los próximos diez años y dista mucho de los incrementos que tuvieron lugar en el 2001 (del 112%) o de los de otras ciudades como Madrid en el 2011 (del 74%).
La entrada en vigor de la nueva ponencia será el 1 de enero de 2018 y entre los meses de julio y diciembre se activará una campaña de información y alegaciones a la ciudadanía.
