El Ayuntamiento de Madrid mantiene una firme apuesta por la lucha contra la contaminación y el fomento del transporte público, como pone de manifiesto el «Plan de A de Calidad del Aire y Cambio Climático». En ese sentido, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) se ha convertido en un gran operador global de transporte con la gestión de BiciMad y ha trazado un plan para renovar su flota con energías limpias.
Sin embargo, el consistorio quiere dar un paso más y ha elaborado una propuesta para volver a entrar en el accionariado de Metro y promover la creación de nuevas infraestructuras, pues considera que es un servicio esencial para la movilidad de la ciudad, como ha anunciado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un encuentro con la prensa.
La fórmula que plantea el Ayuntamiento para recuperar el equilibrio en Metro es contribuir al déficit de tarifa del suburbano madrileño y que este vuelva a recapitalizarse vía inversiones. En concreto, la propuesta es acometer la ampliación de la línea 11, un proyecto que quedó parado en 2011 y que supondría una mejora sustancial para la movilidad en la ciudad de Madrid.
En diciembre de 2011, Ayuntamiento y Comunidad firmaron el protocolo de colaboración para la cesión de Metro, en el que el Ayuntamiento cedía el 75 por ciento de las acciones de la compañía a la Comunidad y quedaba eximido del pago del déficit de tarifa de Metro en la zona A de la red de transporte.
Desde entonces, el Ayuntamiento ha dejado de gastar unos 150 millones de euros al año en el déficit de tarifa, mientras la Comunidad ha dejado de invertir en nuevas infraestructuras, produciéndose una depreciación del 50% en el valor de las acciones de Metro. Esta depreciación equivale a 750 millones de euros, que es una cantidad similar a la que ha dejado de aportar el Ayuntamiento de Madrid en estos cinco años.
En el protocolo firmado, para que el Ayuntamiento volviera a entrar en la compañía, se recogía la condición de que «en ningún caso el valor neto contable de las acciones recibidas actualizado al IPC sea inferior al de las transmitidas». En caso de ser así, la Comunidad está obligada a abonar al Ayuntamiento la cifra resultante.
En este contexto y pese a las operaciones del pasado, el Ayuntamiento considera que Metro es un servicio fundamental para la ciudad y que es necesario buscar alternativas viables para la mejora del transporte público. Para ello, el Ayuntamiento propondrá a la Comunidad de Madrid la vuelta a la situación previa a 2012, para lo que sería necesario crear un grupo de trabajo que explorara las alternativas. El planteamiento inicial del Consistorio consiste en que la firma de un nuevo acuerdo esté basada en la recapitalización de Metro a través de inversiones finalistas de capital aportadas por la Comunidad y en la aportación por parte del Consistorio al déficit de tarifa de la zona A.
Al final del proceso, con la duración que financieramente se considere conveniente para ambas instituciones, Metro recuperaría su situación financiera, y la Comunidad y el Ayuntamiento contribuirán al 50% en el déficit de tarifa de Metro en la zona A, de tal manera que se recupere de forma definitiva el equilibrio de poder en el Consejo de Administración de Metro.
El Ayuntamiento considera prioritaria la prolongación de la línea 11 de Metro, un proyecto de gran interés estratégico de la ciudad que interconectaría los distritos de Carabanchel, Usera, Arganzuela, Retiro, Ciudad Lineal, Hortaleza y Chamartín, facilitando los movimientos orbitales en el lado este del arco exterior a la M-30 en transporte público y mejorando de forma notable la movilidad en Madrid.
La magnitud de este proyecto, que supondría 17,5 nuevos kilómetros de metro y 12 nuevas estaciones, exigiría realizarlo por tramos y con un plazo de ejecución que superaría los ocho años. Por este motivo, sería recomendable que tanto en el Pleno municipal como en la Asamblea de Madrid haya consenso de todos los grupos políticos respecto a esta propuesta de acuerdo.
