La asociación de consumidoresFacua denuncia que la comisión de seguimiento sobre la devolución del dinerodefraudado con las cláusulas suelo a través del procedimiento extrajudicialimpuesto por el Gobierno no analizará las irregularidades que trasladen lasasociaciones de consumidores y se limitará a evaluar los datos que lecomuniquen el Banco de España y la propia banca.
El real decreto publicado en elBOE el pasado sábado define en su artículo 4 que las funciones de la comisiónserán recabar y evaluar «la información que le traslade el Banco de Españao las entidades de crédito» para elaborar un informe semestral queremitirá al presidente de la Comisión a la Comisión de Economía, Industria yCompetitividad del Congreso. Así, el Gobierno no prevé que éste órgano valore yplantee medidas ante los abusos y fraudes que pudieran trasladarle lasorganizaciones que defienden los derechos de los consumidores.
El portavoz de Facua, RubénSánchez, denuncia que «el Gobierno continúa desarrollando su jugada paraque la banca salga lo menos perjudicada posible» tras la sentencia delTribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina que debe devolvertodo el dinero defraudado mediante la cláusula suelo.
De hecho, aunque la comisión deseguimiento pusiese de manifiesto irregularidades por parte de los bancos ensus informes semestrales, el Gobierno no prevé imponer sanciones económicas alos bancos.
«Este órgano, cuyaaprobación ha sido retrasada cuatro meses, sólo servirá para continuar con unapantomima en la que se pretende hacer creer a los consumidores que se estátrabajando para garantizar sus derechos», critica Sánchez.
«En lugar de anunciar multasa las entidades que sigan negándose a devolver la totalidad del dinero más losintereses, el Gobierno decidió dar oxígeno a la banca ante la previsibleavalancha de denuncias mediante un real decreto-ley trampa pactado con PSOE yCiudadanos», recuerda el portavoz de Facua.
A través de dicha norma, seimpuso a los usuarios que vuelvan a presentar sus reclamaciones a los bancos,bloqueándoles la interposición de demandas ante el riesgo de que no hayacondena en costas si las entidades se allanan antes de la contestación.
El real decreto-ley tambiénamplió a tres meses el plazo que tienen los bancos para contestar a este tipode reclamaciones -la legislación del sector fija un máximo de dos-, además dedarles un mes para crear departamentos o mecanismos para darles respuesta.
La comisión estará compuesta porocho personas. El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso Ruiz-Ojeda-que presidirá el órgano-, el secretario general técnico del Ministerio deEconomía, Alejandro Rubio González, un representante del Ministerio de Sanidad-entre cuyas competencias están las políticas de consumo- con rango de directorgeneral, uno del Ministerio de Justicia con el mismo rango, un representantedel Consejo General del Poder Judicial, uno la Asociación Hipotecaria Española,uno del Consejo General de la Abogacía Española y otro del Consejo deConsumidores y Usuarios.
