Una de arena y muchas de cal. Esta es la sensación con la que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, salió de la primera entrevista que mantenía con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Especialmente en el tema del alquiler, el ministro se mostraba especialmente rotundo, al no declarar ningún punto que afectara al posible índice regulador del precio del alquiler que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal lleva meses trabajando. Su posición fue contundente: no habrá modificación legal en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Ni para la limitación del precio de los alquileres ni para la duración de los contratos,
Para la alcaldesa había dos temas pendientes con la cartera de Fomento del Gobierno central. El primero implicaba a las infraestructuras pendientes, como reactivar las obras de la futura estación de la Sagrera, llamada a ser la estación central de Alta Velocidad en Barcelona y eje central de la restructuración urbanística de varios barrios implicados, cuyas obras actualmente se encuentran prácticamente paralizadas.
El ministro se comprometió a retomar las obras antes de verano. Con todo, Colau quiso dejar constancia que se mostrará «prudente» hasta que no compruebe la reanudación. «Seremos exigentes con el cumplimiento de su compromiso», advirtió la alcaldesa. La Sagrera es una construcción a gastos compartidos entre Generalitat (un 25%), Ayuntamiento (25%) y, quien más peso tiene, Fomento, con un 50%.
Las obras trajeron consigo hallazgos arqueológicos y también irregularidades en los contratos vinculados a ella. Todo ello intervino en un calendario con reiteradas demoras. Pero ahora, desde Fomento, aseguran que antes de verano, sin concretar mes, retomarán la zona de la rambla de Prim, con un coste de 10,5 millones de euros, y para el tercer trimestre del año lo harán con la gran losa de la estación que frenará la presión del agua freática.
Otro de los acuerdos que celebraron ayer fue en materia de transporte público metropolitano. La alcaldesa destacó que el recién presentado proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado incluyera 10 millonesde euros que favorecen a las administraciones catalanas en la financiación de las tarifas del transporte público. De esta forma, se congelan las tarifas, se amplía el transporte gratuito hasta los 16 años y crean tarifa especial para personas en el paro.
A nivel de vivienda hubo encuentros y encontronazos. Si bien Colau aplaudía la partida presupuestaria para transporte, lamentaba que el Estado haya reducido más de un 70% la inversión en materia de vivienda durante los últimos diez años. «Es un importe que queda lejos de la media europea, y se trata de una preocupación especialmente en las grandes ciudades», dijo Colau.
El ministro, por su parte, adelantó algunos apuntes del borrador del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021. Será una prórroga del firmado en 2016 pero con algunas pinceladas de cambios. Por ejemplo, de la Serna avanzó que incorporaría criterios más sociales, motivado por las sugerencias de diferentes comunidades autónomas, y ampliará el límite para acceder a las ayudas en alquiler: de una renta mensual de 600 euros a 900 euros.
