Fruto del acuerdo promovido por la consellera valenciana de Justicia, Gabriela Bravo, y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, se ha puesto en marcha el servicio gratuito de orientación jurídica (SOJ) para los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias. Inicialmente lo hace en Valencia, para extenderse progresivamente al resto de la Comunidad.
La Generalitat asume tanto el coste del servicio que se presta en las organizaciones colegiales como los gastos derivados de la formación específica en esta materia que han recibido los abogados de cada colegio que vayan a prestar el asesoramiento legal a los afectados por esta situación. Se calcula que, entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana, puede haber unas 500.000 personas que en su día firmaron hipotecas que contenían cláusulas suelo que, de media, han pagado alrededor de 6.000 euros de más.
El asesoramiento de los posibles afectados se canalizará a través de estos organismos profesionales. El primero en poner en marcha esta iniciativa ha sido el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que desde este lunes ya ofrece este servicio. A partir del día 1 de febrero estará disponible en la sede del Colegio de Abogados de Sueca y el 6 de febrero en las de Alicante y Elche.
El 10 de febrero, el SOJ empezará a operar en la sede del Colegio de Abogados de Alcoy y el 15 y el 17 en el de Castellón y Alzira respectivamente. El despliegue por las tres provincias concluirá el 22 de febrero con su implantación en Orihuela.
Además de en las sedes físicas de las organizaciones colegiales, los posibles usuarios podrán solicitar la asistencia del SOJ en el teléfono de cada colegio de abogados así como en la página web de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.
En los SOJ, los interesados tienen a su disposición tanto la información necesaria sobre lo que debe hacer si sabe o sospecha que su hipoteca contiene algún tipo de cláusula-suelo declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como un formulario-tipo para que, en el caso de que sea así, el afectado pueda cumplimentarlo con la asistencia jurídica apropiada y presentarlo ante la entidad financiera correspondiente para iniciar el proceso legal.
