«España ha hecho mucho -en realidad mucho más de lo que analistas e inversores internacionales esperaban sinceramente hace cinco años- para poner su economía a punto y poder competir exitosamente en la economía internacional, tener un patrón de crecimiento sin desequilibrios y crear empleo. Las reformas en los ámbitos laboral, financiero y de promoción de la competencia han sido ambiciosas y, aunque requieren de constante revisión y actualización, al fin, exitosas.
Pero precisamente todos estos éxitos parciales permiten mostrar con todo contraste y nitidez la gran tarea pendiente: la reforma estructural de los ingresos y los gastos públicos.
Los recientes comentarios del ministro de Economía, hoy todavía en funciones, señalando la especial sensibilidad de la economía española ante cambios en los tipos de interés, tienen un trasfondo más preocupante. En realidad lo que la economía española ha demostrado es que es especialmente vulnerable ante los cambios en las condiciones crediticias, sean estas producidas por el cambio en el tono general de la política monetaria o bien por movimientos abruptos en las primas de riesgo soberanas. En consecuencia, la aplicación acrítica -casi inconsciente- de las viejas teorías del ‘keynesianismo en un solo país’ en España durante y después de la crisis no ha hecho más que agravar esta debilidad. Asumir con normalidad la sustitución del descenso en el endeudamiento de empresas y familias casi en una relación uno a uno por un incremento de la deuda pública no es neutral a estos efectos.
Cabe plantearse el siguiente escenario a dos o tres años vista: (i) una Unión Bancaria todavía incompleta por la falta de un backstop fiscal común y (ii) una normalización de la política monetaria que suponga el fin de la extrema intervención de los bancos centrales sobre la rentabilidad de múltiples activos financieros. En este contexto, la consolidación de unas significativas y persistentes primas de riesgo diferenciales en la deuda soberana española como consecuencia de su elevado y rígido nivel haría que, con independencia del esfuerzo de desapalancamiento del sector privado, los efectos negativos del endurecimiento de las condiciones crediticias se filtrasen al conjunto de la economía. Esto supondría un lastre para el potencial de crecimiento económico que cancelaría parte de los efectos positivos a largo plazo de las reformas estructurales acometidas o por acometer. Y basta mirar al desempeño económico y fiscal de otros grandes países de la zona euro con una alta y persistente deuda pública para ver que esto no es pura teoría ni ciega ideología, sino un riesgo real que hay que afrontar.
Para evitar este riesgo de esclerotización secular de la economía española a causa de sus altos niveles de deuda pública, la ambición de la política fiscal tiene que aumentarse varios grados. La retórica de «los recortes» o «la austeridad» es falsa e improductiva. Lo que se necesita es la ambición para imbuir de la mentalidad reformista también este ámbito de la política económica: plantearse reformas estructurales de calado en los gastos y en los ingresos públicos (como, por cierto, otros países, muy europeos ellos, afrontaron con éxito y normalidad en los años noventa o dos mil bajo el cartel de welfare reform).
Por el lado de los ingresos, las principales líneas de reforma ya fueron expuestas con claridad tanto en el informe FAES UNA REFORMA FISCAL PARA EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO (julio 2013) como por los propios expertos comisionados por el gobierno: simplicidad y sustitución de la imposición directa, especialmente sobre el trabajo, por imposición indirecta, y ello tanto por cuestiones de eficiencia como de verdadera equidad efectiva.
Por el lado de los gastos, España debe afrontar definitivamente su particular proceso de welfare reform que le permita afrontar los problemas de sostenibilidad y efectividad de un sistema cuyo diseño actual resulta incompatible con las tendencias sociales y demográficas de las próximas décadas. El diagnóstico ofrecido en el informe FAES DESIGUALDAD, OPORTUNIDADES Y SOCIEDAD DE BIENESTAR EN ESPAÑA (junio 2015) es una valiosa contribución a este debate. Repensar el alcance, funcionamiento y medios de provisión de las prestaciones en el sistema de protección social buscando mayor eficiencia no es recortar, es hacer justicia, cerrar posibles brechas entre generaciones y garantizar que el dinero público es efectivamente de todos».
