Los hoteleros de Benidorm están que trinan ante la picaresca montada por un grupo de abogados británicos que, sin mucha base legal, están llevando a cabo la interposición de un sinfín de demandas de turistas, con el único objetivo de que el verano en España les salga gratis.
En sus reclamaciones, los letrados no sólo solicitan la devolución del importe de las vacaciones de los clientes sino que incluyen cuantiosos gastos de asistencia legal que, en la mayor parte superan muy mucho el importe de la indemnización que recibe el cliente que pudiera estar afectado por alguna patología.
Además, está siendo muy común encontrarse con procesos de reclamación, que se tramitan ante los turoperadores y que son descontados de la facturación del establecimiento, en los que al cliente se le indemniza con 500 libras mientras que se pagan gastos de abogados de más de 5.000 libras para el mismo caso. Todas estas cantidades se descuentan de la facturación del establecimiento sin que la dirección del hotel pueda intervenir.
Este verano, coincidiendo con la presencia de estos abogados oportunistas, el número de reclamaciones presentadas ha aumentado de manera exponencial. Mientras que en 2015 no superaba las 15 para algunos operadores en toda España, este año han tenido más de 200.
En su defensa, los hoteleros están recordando a los clientes que interponer una reclamación falsa puede ser perseguida incluso como intento de delito de estafa y que en cada hotel queda registro de la actividad que llevan a cabo los clientes así como de sus consumos de alimentos y bebidas.
El fenómeno, aunque muy centrado en Benidorm, también se ha detectado en otras zonas, como Canarias, Baleares o la Costa del Sol. Por ello, las asociaciones de hoteleros está trabajando en una batería de medias para poder actuar antes estos abusos, entre ellas una campaña de información a los clientes o u una reunión con los cuatro grandes operadores británicos.
Algunos quieren ir más allá, y barajan la posibilidad de reclamar la intervención del Gobierno de España para que, a través del ministro de Asuntos Exteriores, exponga la preceptiva queja al embajador británico, además de hacerlo antes las autoridades judiciales del Reino Unido.
