La organización Facua-Consumidores en Acción pide a los jueces que paralicen de oficio todos los desahucios de hipotecas que hayan sido titulizadas, esto es, cuyas deudas han sido vendidas a fondos de inversión por parte de las entidades financieras.
Numerosas sentencias de primera instancia están reconociendo que una vez que venden la deuda, los bancos no tienen derecho a reclamarla, aunque mantengan la titularidad del crédito hipotecario en cuestión.
Así lo recoge una sentencia del juzgado de primera instancia número 2 de Olot del pasado mes de junio, que dice textualmente que «quien ha transmitido un derecho no tiene ya ninguna disposición sobre el mismo».
La asociación lamenta que la mayoría de los jueces sólo actúen a iniciativa de parte y no de oficio, a pesar de las numerosas sentencias que ya hay en este sentido cuando las hipotecas están titulizadas al 100%, que son la mayoría, dado que se trata de una práctica habitual de las entidades bancarias.
Facua respalda así las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en este sentido.
La asociación recuerda que el Banco de España indica, en su respuesta a la consulta planteada por el abogado colaborador de la PAH Óscar Luis Viera, que «la titulización de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por ley la titularidad registral».
Facua reclama asimismo que el Banco de España exija mayor transparencia a las entidades bancarias para conocer si las hipotecas están titulizadas, dado que en la actualidad, los usuarios no pueden reclamar dicha información directamente. En la práctica resulta casi imposible conocer qué hipotecas están titulizadas para poder determinar quién posee los derechos de cobro del préstamo.
La asociación denuncia que a pesar de las numerosas sentencias en este sentido, las entidades bancarias sigan llevando a cabo ejecuciones sobre hipotecas que están titulizadas, con conocimiento de que estas actuaciones pueden ser paralizadas en un juzgado.
Facua critica la actuación de mala fe de los bancos que, pese a tener sentencias en contra, siguen iniciando los desahucios de personas que se encuentran en una situación de desamparo económico y que no pueden sufragar los costes que conlleva un proceso judicial.
